Diario Sur

El Gobierno ofrece a Puigdemont el mismo camino que recorrió el lehendakari Ibarretxe

  • Sáenz de Santamaría descarta una negociación bilateral del referéndum e invita al presidente de la Generalitat a debatir en las Cortes

En un intento de desactivar el ultimátum que Carles Puigdemont planteará el lunes en el Ayuntamiento Madrid, el Gobierno invitó ayer al presidente catalán a acudir a las Cortes Generales. No esperó el Ejecutivo a la enésima oferta para negociar un referéndum independentista que descarta de antemano. Soraya Sáenz de Santamaría indicó a la Generalitat que el único escenario válido para debatir sus aspiraciones secesionistas es el Parlamento. Ni el palacio de la Moncloa ni salas de conferencias alquiladas. «Debe exponer sus propuestas en el marco de las reglas de nuestra democracia», ofreció en la vicepresidenta sintonía con lo acordado en el Consejo de Ministros.

Mariano Rajoy sometió ayer a discusión su contraoferta en la reunión habitual de los viernes. Todos los presentes intervinieron y nadie de su gabinete discrepó. La vicepresidenta, responsable de la gestión del conflicto con Cataluña, compareció inmediatamente después para señalar de manera formal a Puigdemont el mismo camino que antes recorrió Juan José Ibarretxe.

El plan soberanista del exlehendakari, aprobado por el Parlamento vasco en 2004, no tuvo más recorrido que las ocho horas que el Congreso dedicó a escuchar y confrontar con Ibarretxe su propuesta de reforma estatutaria. En febrero de 2005 la Cámara baja tumbó de manera rotunda el texto que incluía el derecho de autodeterminación del País Vasco. Frente a los 313 votos en contra, sólo los nacionalistas -el PNV, CiU, Esquerra, Eusko Alkaratasuna, Nafarroa Bai y el BNG- le apoyaron.

No es el único precedente. El 8 de abril de 2014 el Parlamento catalán llevó al Congreso una proposición de ley en la que se reclamaba que el Gobierno transfiriera a la Generalitat la competencia para convocar una consulta independentista. Los votos de PP, PSOE, UPyD, Foro Asturias y UPN impidieron que la propuesta saliera adelante. Los representantes de CiU, Esquerra e Iniciativa per Cataluña, Jordi Turull, Marta Rovira y Joan Herrera, fueron los encargados de su defensa. Ahora la invitación del Gobierno lleva el nombre de Puigdemont.

El vía crucis catalán

Ante el último intento de la Generalitat, sólo cabe el último intento del Ejecutivo. O al menos así se presenta. No entró Sáenz de Santamaría a detallar el procedimiento que debería activar el presidente catalán para comparecer en las Cortes Generales. Tiene, de hecho, varias opciones. Podría reclamar un debate con el Gobierno en la Comisión General de Comunidades Autonómas del Senado o acudir al Congreso de los Diputados previo registro de una proposición de ley. Esta última es la opción que el Ejecutivo considera más apropiada.

Dado que el objetivo de Puigdemont es el referéndum de independencia, fuentes de la Moncloa apuntan que lo razonable sería que el Parlamento catalán proponga una reforma de la Constitución que elimine los obstáculos que ahora mismo impiden a la Generalitat convocar la consulta. «El señor Puigdemont -apuntó Sáenz de Santamaría- tiene un cauce democrático para lograr lo que desea». Y ese cauce no es la negociación bilateral con el Gobierno.

El final de ese proceso, en todo caso, es predecible. La mayoría absoluta que el PP tiene en el Senado sería suficiente para cortar el paso a la modificación constitucional. Pero también es probable que la iniciativa no llegase a pasar del Congreso. En la Moncloa creen, sin embargo, que están proporcionando al PDeCAT una salida digna, una vía para abandonar progresivamente el independentismo y retornar a la «moderación». Iniciar, en definitiva, el «viacrucis» que recorrió el PNV tras el fracaso del plan Ibarretxe para recuperar su espacio político.

El Gobierno se compromete a colaborar para que el debate tenga lugar «con la mayor agilidad posible» y da por sentado que así lo facilitarían el resto de fuerzas políticas. Con el PSOE, con el PSC y con Ciudadanos la interlocución es «constante y fluida», según garantizó ayer la vicepresidenta. En este caso, tanto la gestora como Albert Rivera estaban al tanto del paso que el Ejecutivo iba a dar este viernes. Pero también el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, acogió por «enormemente sensato» el ofrecimiento de acudir a las Cortes. Un golpe de efecto que Rajoy no anticipó por carta a la Generalitat catalana.

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