Los partidos sitúan a la UCO en el epicentro de la refriega política

Ya ocurrió en 2009, tras estallar el caso Gürtel. La Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía se convirtió en arma arrojadiza entre los partidos. Y ahora, a cuenta de los casos Lezo y, sobre todo Púnica, han situado en las últimas horas a la Unidad Central Operativa (UCO) en el epicentro de la refriega política, sobre todo después de que la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, afirmara que la Guardia Civil hace «juicios de valor sin fundamento jurídico alguno» cuando la acusa de prevaricación y cohecho por la adjudicación de la cafetería de la Asamblea de Madrid.

La exconsejera de Educación, Juventud y Deportes de la Comunidad de Madrid Lucía Figar echó más leña al fuego y pidió al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco el sobreseimiento de su imputación en la trama Púnica porque está basada en «meras hipótesis y conjeturas» de la UCO. Ante estos ataques a los especialistas del instituto armado, el PSOE pidió la comparecencia del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y del director general de la Guardia Civil para aclarar si ambos «defienden a la Guardia Civil o defienden a la señora Cifuentes» tras sus acusaciones contra la UCO. «Es urgente que venga el ministro del Interior y nos diga qué opina de las declaraciones de Cifuentes criticando a la Guardia Civil», afirmó el portavoz parlamentario de los socialistas, Antonio Hernando. En el Senado también se pidieron explicaciones. La parlamentaria de Podemos Isabel Mora registró una pregunta al Gobierno en la que le solicita que explique «como piensa defender la honorabilidad de la UCO y de la Guardia Civil ante las acusaciones vertidas por la presidencia de una comunidad autónoma».

El partido de Pablo Iglesias completó la ofensiva parlamentaria al registrar una proposición no de ley en el Congreso en la que se insta al Gobierno a que duplique en dos años el número de agentes que prestan servicio en la UCO y en la UDEF. La portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, y el diputado y guardia civil Juan Antonio Delgado, que presentaron esta propuesta que se debatirá en la Comisión de Interior, lamentaron la «precariedad» con la que los «profesionales valientes que día a día luchan contra la corrupción» de estas dos unidades realizan su trabajo, sobre todo por la falta de personal.