El juez de 'Púnica' sale en auxilio de Cifuentes

La sombra de la imputación planeó ayer sobre Cristina Cifuentes. Solo unas horas. Las suficientes para que el juez Eloy Velasco saliera en su auxilio y dejara en papel mojado el atractivo titular que dejó el levantamiento del secreto del sumario del &lsquocaso Púnica&rsquo: la Guardia Civil pide que se investigue a la presidenta de la Comunidad de Madrid por prevaricación y cohecho. En un hecho sin precedentes, a través de fuentes jurídicas y no por medio de un auto judicial, el juez de la Audiencia Nacional hizo saber que no tiene intención de proceder contra Cristina Cifuentes, pese a que la la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señalara en un informe indicios de delito en su papel en la adjudicación de contratos de los servicios de restauración de la Asamblea de Madrid cuando era presidenta de la Mesa de contratación.

Es más, las mismas fuentes indicaron que tampoco la Fiscalía Anticorrupción ha encontrado pruebas de que Cifuentes tuviera una participación en la financiación ilegal del PP que se investiga en la pieza de &lsquoPúnica&rsquo, cuyo secreto se levantó ayer y en donde aparece el citado informe que desde mediodía y hasta bien entrada la tarde hizo tambalearse al Gobierno de la Comunidad de Madrid. Las réplicas de &lsquoPúnica&rsquo se suceden. La «gigantesca red» de tráfico de influencias que afecta a administraciones de varias autonomías tiene ahora un nuevo tentáculo que acorrala a la presidenta autonómica, la esperanza del PP para levantar el vuelo en una comunidad vapuleada por la herencia de la corrupción.

Ese pasado cercano que ha sacudido los sucesivos gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González desde 2003 hasta 2015, plasmado en casos judiciales como &lsquoGürtel&rsquo, &lsquoPúnica&rsquo o ahora la &lsquooperación Lezo&rsquo, también ha salpicado a Cristina Cifuentes después de que la sombra de sospecha se haya ido extendiendo por algunos diputados de su grupo. Ello, con un Ejecutivo en minoría gobernando con solo un parlamentario de diferencia gracias al apoyo de Ciudadanos frente a la oposición de PSOE y Podemos.

Aunque el señalamiento de Cifuentes en el &lsquocaso Púnica&rsquo no ha sido refrendado ni por la Fiscalía Anticorrupción ni el juez Velasco, partidarios de no citarla como investigada, su nombre sí aparece con todo lujo de detalles en un informe de la Guardia Civil, los investigadores policiales responsables de las pesquisas. En concreto, la UCO pide investigarla por los delitos de prevaricación continuada y cohecho en relación a las adjudicaciones del servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández, muy cercano al PP y dueño del Grupo Cantoblanco, en 2009 y 2011 por un total de 387.860 euros.

Fundescam

La UCO relaciona estas adjudicaciones con donaciones realizadas por el entonces vicepresidente de los empresarios madrileños a Fundescam, fundación del PP de Madrid, que habrían servido para financiar irregularmente varias campañas electorales entre 2007 y 2011. En total, el empresario investigado en &lsquoPúnica&rsquo entregó 160.000 euros al partido, 100.000 desde la CEIM (patronal de empresarios) y 60.000 desde el Grupo Cantoblanco, tal y como reconoció en sede judicial.

La Guardia Civil investiga precisamente el «nexo causal» entre la actuación de Cifuentes cuando era vicepresidenta de la Asamblea y formaba parte del comité de expertos que valoraba las ofertas y presidía la Mesa de contratación que adjudicó al Grupo Cantoblanco los contratos de restauración.

La UCO insiste así en que la adjudicación de estos servicios de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea «pudo ser decidida de antemano» y se basa en «una pluralidad de arbitrariedades» que, según sostiene, fueron cometidas por las personas que conformaron el comité de expertos en ambas licitaciones. Estas personas eran la propia Cifuentes y la jefa de Protocolo de la Asamblea, María Virtudes Merino.

En otro informe de la UCO incluido en este sumario de &lsquoPúnica&rsquo vuelve a aparecer el nombre de Cristina Cifuentes, en este caso, por su papel como patrona de la Fundación Fundescam y la vinculación de la organización con posibles irregularidades en pagos y gastos electorales del PP de Madrid en las campañas municipales y autonómicas de 2007 y 2011 y en las generales de 2008.

Esta contabilidad opaca, que era manejada por el tesorero del partido en Madrid, el investigado Beltrán Gutiérrez, acredita que se superaba «sistemáticamente los límites de gasto electoral». Se cifra en 4,9 millones el dinero que pudo proceder de la &lsquocaja B&rsquo de los populares madrileños, según la Fiscalía Anticorrupción.