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Miércoles, 26 de abril 2017, 00:50
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La Fiscalía Anticorrupción presentó una querella contra los integrantes de Equipo Económico, el despacho fundado por el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro en 2006 y del que se desvinculó dos años más tarde, por la adjudicación presuntamente irregular en 2012 de un contrato con las cámaras de comercio. La querella se planteó en los juzgados ordinarios de instrucción de Madrid. Entre los querellados estaría un hermano del ministro, Ricardo, y el expresidente del Consejo Superior de Cámaras, Manuel Teruel.
Anticorrupción abrió una investigación sobre la actividad de esta consultora por un posible delito de vulneración de la Ley de Contratos del Estado relacionado con un contrato que el Consejo Superior de la Cámara de Comercio le habría adjudicado sin pasar por los trámites legales. Se trataba de un trabajo por unos 90.000 euros para analizar el impacto de la nueva normativa reguladora de las cámaras de comercio. El propio Montoro señaló ayer que cuando en 2008 abandonó el despacho que había fundado dos años antes -Montoro y Asociados, que después pasó a denominarse Equipo Económico- la consultora no había contratado con ninguna administración. El ministro de Hacienda señaló además que desde hace «muchos años» no ha tenido contacto alguno con ninguno de sus socios.
Desconoce su actividad
El titular de Hacienda ha afirmado que hace nueve años que salió de ese despacho y que, por tanto, no conoce sus actividades ni si tiene algún tipo de problema. Explicó que en 2006, cuando habían pasado los dos años de incompatibilidad establecidos por la ley por su anterior cargo de ministro, fundó un despacho llamado Montoro y Asociados, cuyo accionariado estaba muy disperso y él no tenía la mayoría. Permaneció ahí hasta que dos años después volvió a la política. «Salí -comentó en los pasillos del Senado- porque entendí, nadie me lo dijo, que siendo miembro del Congreso y para hacer oposición, no debía estar en un despacho de consultoría y por eso vendí la acciones, me desprendí de ellas (...), para que luego no pudiera decir nadie nada. Lo fundé -insistió- pero allá quién esté a su cargo ahora».
Por otro lado, la Fiscalía denunció a la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, por un presunto delito de fraude en la gestión de Mercamadrid que habría supuesto «importante perjuicio patrimonial» para la empresa pública de mayoristas. La acusación va dirigida contra todos los 16 miembros del consejo de administración de la entidad municipal en 2013, entre ellos la popular Dancausa, cuando era concejal del equipo de la alcaldesa Ana Botella, y también Pablo González, hermano del expresidente autonómico encarcelado por el saqueo del Canal de Isabel II y él mismo también en prisión provisional bajo finaza de cuatro millones de euros.
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