Diario Sur

El relevo de los fiscales del 'caso 3%' sume la instrucción en la incertidumbre

Grinda (izquierda) y Bermejo salen de la sede de Convergència tras un registro en 2015. :: toni albir / efe
Grinda (izquierda) y Bermejo salen de la sede de Convergència tras un registro en 2015. :: toni albir / efe
  • La Fiscalía sostiene que es un cambio operativo, pero los sustituidos dicen que el Gobierno quiere dar «más caña» a los independentistas

El pasado martes, mientras el fiscal jefe Anticorrupción trataba de evitar unos registros en la &lsquooperación Lezo&rsquo, su departamento comunicó a los fiscales en el &lsquocaso del 3%&rsquo que eran relevados en esa tarea. La versión oficial fue que no daban abasto. La de los afectados es que el Gobierno quiere dar «más caña» a la antigua Convergència por su supuesta financiación irregular. Pero hay una tercera explicación, la de que el Ejecutivo central quiere enfriar el caso y hacer un guiño amistoso al PDeCAT para que se aleje del proyecto soberanista.

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, dictó la orden y el jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, no puso reparos. La decisión ocasionó otra vez el revuelo en el estamento fiscal, como ocurrió con las trabas a la &lsquooperación Lezo&rsquo o con la trama &lsquoPúnica&rsquo y el presidente de Murcia y las explicaciones, oficiales y extraoficiales, son del todo contradictorias. Pero una cosa parece indudable, la investigación del presunto pago de comisiones ilegales a la antigua Convergència -hoy PDeCAT- va a entrar durante un tiempo en vía muerta. Los nuevos fiscales tienen que hacerse cargo de más de 10.000 folios fruto de tres años de investigación en los que ya hay una veintena de imputados, un número indeterminado de testigos protegidos y decenas de diligencias en marcha, incluidas comisiones rogatorias a otros países. A todo esto se puede dar la paradoja de que el juzgado de El Vendrell, en Tarragona, que instruye la causa se inhiba en favor de la Audiencia Nacional y el caso vuele a Madrid.

Los fiscales José Grinda y Fernando Bermejo, según fuentes próximas a ambos, recibieron con desazón la noticia y negaron las razones de exceso de trabajo transmitidas por sus superiores. Consideran, según estas fuentes, que han sido relevados por «blandos» y para «dar más caña» y ser «más drásticos» en las medidas contra los dirigentes nacionalistas. En la causa solo está investigado un cargo importante, el extesorero Andreu Viloca, el resto son cuadros de segundo nivel y empresarios. Pero ni Artur Mas ni los pesos pesados del partido aparecen en el sumario, con una excepción, el exconsejero de Justicia y diputado, Germà Gordó, presunto conseguidor de comisiones y cuya imputación iban a solicitar Grinda y Bermejo en las próximas semanas.

No es la primera vez que los fiscales se ven impelidos a actuar con más energía contra los independentistas. El 29 de octubre de 2012, cuando aún no había estallado el 3% pero estaba en marcha el &lsquocaso Palau&rsquo, dos comisarios de la llamada &lsquopolicía política&rsquo, José Luis Olivera y Marcelino Martín Blas, intentaron convencer a los representantes del Ministerio Público para que registraran la sede central de Convergència. Pero los fiscales rechazaron la idea porque los indicios aportados por los mandos policiales enviados desde Madrid eran muy débiles y basados en documentos apócrifos sobre Artur Mas.

Sin cambios

La Fiscalía General del Estado negó que existan motivos más allá de los operativos para que Teresa Duarto y Fernando Maldonado releven a los fiscales que llevan el caso desde 2015. El cambio obedece, según una nota oficial, a la conveniencia de que «los fiscales delegados de Anticorrupción asuman los casos de su territorio», y los nuevos están adscritos a la Fiscalía de Cataluña, mientras que Grinda y Bermejo residen en Madrid. El relevo, añade el comunicado, «no supone modificación alguna en la línea» de investigación mantenida hasta ahora.

Pero entre el oficialismo de la Fiscalía y la visión conspirativa de los relevados, cabe una tercera vía y que el cambio sea un salvavidas para el PDeCAT, acogotado por las denuncias sobre el cobro de comisiones del 3% de constructoras a cambio de contratos de obra pública de la Generalitat. Hasta en tres ocasiones ha tenido que comparecer Mas en el Parlamento catalán para dar explicaciones, la última hace solo tres semanas tras las revelaciones en el juicio del &lsquocaso Palau&rsquo. La corrupción es una mochila muy pesada para la antigua Convergència y frena todas sus posibilidades de recuperación. Además, es fuente de conflictos con sus socios de Esquerra.

El Gobierno de Rajoy, immerso en la &lsquooperación diálogo&rsquo, cree que una fórmula política, al margen de las vías judiciales y constitucionales, para desactivar la consulta independentista es romper el frente de las fuerzas soberanistas catalanas. Una alianza que no pasa por sus mejores momentos, como demostró la grabación a un dirigente del PDeCAT, que reconocía la posibilidad de que el proceso se estrelle y haya que convocar elecciones a las que su partido iría con un candidato autonomista y enterraría las veleidades independentistas. Un respiro en el frente judicial del 3% podría favorecer ese giro del partido que aún lidera Artur Mas.