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El Gobierno catalán encarga las papeletas para el referéndum soberanista

PP, Ciudadanos y PSOE recurrirán ante el Tribunal Constitucional la ley de Presupuestos que contempla la consulta

CRISTIAN REINO

Viernes, 24 de marzo 2017, 01:20

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barcelona. Paso a paso, el proceso soberanista avanza hacia el referéndum. Un día después de que el Parlament aprobara los primeros presupuestos de la Generalitat que incluyen una referencia explícita el referéndum, el Gobierno catalán se puso manos a la obra y sacó a concurso el primer contrato para la organización de la votación, en concreto para el suministro de los sobres y las papeletas.

El anuncio salió publicado en la página de licitaciones de la Generalitat, pero en ningún momento hace alusión al referéndum, sino que habla en genérico de material para la celebración de «elecciones al Parlamento». Se trata de una estratagema para tratar de burlar la impugnación por parte del Gobierno central y también para blindarse ante una eventual querella de la Fiscalía, pues todos los miembros del Ejecutivo catalán están advertidos de su deber de paralizar o impedir cualquier iniciativa relacionada con el despliegue de la hoja de ruta independentista, en especial el referéndum. De hecho, los propios presupuestos de la Generalitat incluyen una partida de millones para «procesos electorales y participativos».

La estrategia es antigua y la patentó Artur Mas para el 9-N. «Tenemos que engañar al Estado», dijo entonces. El resultado fue un referéndum presentado como proceso participativo, aunque el truco no funcionó del todo, ya que cuatro de los responsables del 9-N han sido condenados a penas de inhabilitación. Eso sí, Mas se salió en parte con la suya, ya que la votación pudo celebrarse. En este caso, el Gobierno catalán se cubre las espaldas de dos maneras. Por un lado, puede ir avanzando en la preparación del referéndum sin el temor a que los recursos al Constitucional supongan un obstáculo, y por otro, no descartable, puede ir ultimando la cita electoral, si la consulta no pudiera celebrarse y la legislatura se precipita antes de tiempo. Pero el Gobierno autonómico no puede reconocer este último extremo, porque estaría asumiendo que no habrá referéndum y la CUP le retiraría su apoyo.

Presupuestos

En cualquier caso, los 18 meses establecidos como tiempo de duración de la legislatura expiran el 10 de julio, por lo que en ningún caso los comicios están muy lejos, ya que la hoja de ruta aprobada por Junts pel Sí y la CUP fija que las elecciones constituyentes deberían tener lugar seis meses después del referéndum previsto para septiembre. Es decir, como muy tarde, según los planes de los independentistas, dentro de un año debería haber comicios, haya o no referéndum. Una de las opciones que está sobre la mesa es hacer coincidir el mismo día elecciones y consulta, pero la CUP rechaza todo lo que no sea un referéndum. «No avalaremos ningún sucedáneo, ninguna alternativa ni envoltorio. No estamos para bromas», avisó la portavoz antisistema Anna Gabriel.

El referéndum, a la espera de que Carles Puigdemont le dé el empujón definitivo cuando fije la fecha y determine la pregunta, avanza paso a paso y este viernes dará uno más con la sesión constitutiva de la ponencia conjunta que debe elaborar la propuesta de reforma del reglamento del Parlament, que los independentistas impulsan para tener las manos libres para aprobar la ley de transitoriedad jurídica por la vía exprés.

La fase del referéndum unilateral se ha puesto en marcha y es imparable, según advirtió el vicepresidente del Gobierno catalán, Oriol Junqueras. El dirigente republicano advirtió al Ejecutivo central de que las condenas, como las que pesan sobre Mas, Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs, no les frenarán.

El Gobierno aguardaba ayer a que los Presupuestos de la Generalitat sean publicados para conocer el texto a fondo y actuar. La partida que recogen destinada a la consulta ha motivado ya la decisión de PP, PSOE y Ciudadanos de recurrir la norma ante el Tribunal Constitucional. El portavoz parlamentario de los socialistas, Antonio Hernando, recuerda que «los propios letrados de la cámara catalana» creen que la ley no respeta la Carta Magna.

En el caso de Ciudadanos, que con 32 diputados no alcanza los 50 necesarios para acudir al Constitucional, el PP resolvió prestar a la formación de Albert Rivera su apoyo para la redacción de un recurso conjunto.

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