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El plan de presos del Gobierno vasco prevé un alejamiento máximo de 250 kilómetros

Propondrá al Ejecutivo central que los reclusos de ETA puedan acercarse a diez cárceles próximas a Euskadi, una medida que desliga del desarme

MIGUEL VILLAMERIEL

Martes, 21 de marzo 2017, 00:50

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A la espera de que ETA confirme su desarme definitivo el próximo 8 de abril, como han anunciado los intermediarios sociales del grupo de Luhuso, el Gobierno vasco trabaja ya en un nuevo plan de presos, que ha hecho llegar al Ejecutivo central, con el objetivo de promover un cambio en la política penitenciaria que acelere también la disolución de ETA. El plan, que se enmarca «dentro de la legalidad», contempla que el alejamiento de los reclusos tenga un límite máximo de 250 kilómetros con respecto a Euskadi, lo que llevaría implícito el acercamiento de más de dos centenares de presos, según ha podido saber El Diario Vasco. El Gobierno central, que es el que tiene la competencia sobre política penitenciaria, dispone ya de este documento, aunque por el momento no ha dado ninguna respuesta al Ejecutivo vasco. Tampoco parece que el actual contexto, con ETA a punto de consumar su desarme, sea el más propicio para que Rajoy realice movimientos en esta materia. Al menos a corto plazo.

El Gobierno vasco quiere desligar este plan de presos del anuncio que realizaron el viernes los intermediarios sociales de Iparralde sobre el inminente desarme de ETA, entre otras cosas porque su elaboración es anterior a esa revelación. Fuentes del Ejecutivo de Urkullu consideran, no obstante, que suavizar la actual política penitenciaria podría contribuir decisivamente a que la banda avance hacia su disolución, después de acometer el desarme. Esa disolución, añadida a la entrega de armas, es también lo que Rajoy ha exigido a ETA en los últimos días, por lo que el Gobierno vasco confía en que el Ejecutivo del Partido Popular no se cierre en banda a modificar la política penitenciaria una vez que se confirme el desarme.

La gestión de los tiempos será importante en este asunto, ya que Rajoy ha dejado claro que el desarme de ETA se llevará a cabo «sin ningún tipo de contrapartida», por lo que difícilmente tomará alguna decisión en los próximos meses que pueda interpretarse como un gesto hacia la banda o sus presos. El Gobierno vasco es consciente de estas dificultades y ayer aclaró que sus reivindicaciones no se plantean en ningún caso como una «transacción» por el desarme de ETA, sino que son dos cuestiones «independientes», en palabras de Josu Erkoreka, portavoz del Ejecutivo de coalición PNV-PSE.

Erkoreka, que en una entrevista en Radio Euskadi no hizo mención al plan de presos elaborado por el Gobierno vasco, sí explicó que la postura del gabinete de Urkullu en relación a la política penitenciaria «será la misma antes y después de la operación de desarme» porque «tiene relación con la legalidad, el humanismo y la oportunidad de imprimir una estrategia diferente para hacer posible un fin ordenado de la violencia».

Aclaró que, «cuando hablamos de un desarme sin contrapartidas ni condiciones, es evidente que no se puede exigir nada a cambio». Pero añadió a continuación que eso no impide que «quien considere que debe hacer otros planteamientos y otras reivindicaciones, tenga pleno derecho a seguir haciéndolas».

Reclusos enfermos

Las líneas maestras del plan de presos que ha redactado el Gobierno vasco son el «respeto a la legalidad» vigente -por lo que no habría que acometer ningún cambio legal- y una reducción del alejamiento que se aplica en la actualidad a los reclusos de ETA. Para aminorar esta constante de la política penitencia de las últimas décadas, que el Ejecutivo de Urkullu considera que hay que superar tras el final de la violencia y el desarme de la banda, el plan propone el acercamiento de los 264 presos de ETA que actualmente cumplen condena en cárceles españolas a diez cárceles que no disten más de 250 kilómetros de Euskadi. Ahí se incluirían también cárceles vascas como la alavesa de Zaballa, que en estos momentos tendría espacio para incrementar su número de reclusos.

Otra cuestión sobre la que incide el plan del Gobierno vasco es la situación de los presos gravemente enfermos, que cifra en una decena. Para estos reclusos se contempla una flexibilización de la política penitenciaria para que puedan ser tratados de su enfermedad en unas condiciones dignas o incluso que puedan recuperar la libertad.

El Gobierno de Rajoy no se ha pronunciado estos días sobre la política penitenciaria, más allá de incidir en que no habrá contrapartidas de ningún tipo al desarme de ETA, aunque el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, aseguró que no se pueden relacionar ambas cuestiones porque, «al final, se volvería a dar vueltas a de qué manera se obtiene cualquier precio político».

EH Bildu, mientras, podría ver con buenos ojos cualquier iniciativa destinada a acabar con el alejamiento de los presos. Arnaldo Otegi, portavoz de abertzale, dijo ayer que «no espera nada de Madrid» en este tema porque «tratará de mantener su posición de sabotaje y provocación», aunque aseguró que «el escenario cambiará» tras el desarme.

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