El Consejo de Garantías catalán tumba la partida destinada a celebrar el referéndum

La hoja de ruta independentista recibió ayer un soberano varapalo. El revés en esta ocasión no llegó de la mano del Consejo de Ministros ni de una resolución del Tribunal Constitucional, sino de un organismo de la Generalitat. El Consejo de Garantías Estatutarias, lo más parecido a un tribunal constitucional catalán, advirtió a Carles Puigdemont de que el referéndum es inconstitucional y la referencia para la consulta de independencia que el Gobierno catalán ha incluido en los presupuestos de 2017 va contra la Carta Magna y contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Se trata de una de las disposiciones adicionales del proyecto de cuentas públicas, que proclama que «el Gobierno, dentro de las disponibilidades presupuestarias para 2017, debe habilitar las partidas para garantizar los recursos necesarios en materia de organización y gestión para hacer frente al proceso refrendario sobre el futuro político de Cataluña en el marco de la legislación vigente en el momento de su convocatoria».

Los dictámenes de la entidad consultiva, cuya función es velar por que las leyes que impulsan la Generalitat y la Cámara catalana se adecúen al Estatuto y a la Constitución, no son vinculantes, aunque son de calado político y más aún en este caso en que el órgano de la Generalitat cuestiona la ley de presupuestos, la más importantes de cualquier gobierno. El Consejo de Garantías se ha pronunciado después de que Ciudadanos, PP y el PSC lo solicitaran, al entender que la Consejería de Economía se extralimitaba en sus atribuciones.

Al organismo, compuesto por nueve consejeros, seis a propuesta del Parlamento y tres por parte del Ejecutivo, no se le puede acusar de ser proclive a las tesis españolistas, de hecho sus informes nunca han estado en cuestión. Pero en esta ocasión ha señalado que la disposición adicional del referéndum «no supera el test de adecuación constitucional y estatutaria».

En la medida en que el referéndum no es competencia de la Generalitat, recuerda el constitucional catalán, «los presupuestos no pueden prever, aunque sea en forma condicional o potencial, disposiciones normativas en relación con competencias o facultades que no le son propias» al Gobierno autonómico.

Avisa asimismo a Puigdemont de que el «poder legislativo presupuestario no es un poder libre, sino que debe responder al modelo de reparto de competencias que delimitan la Constitución y el Estatuto».

En cambio, el Consejo de Garantías no ve problemas en los 5,8 millones de euros de gasto asignados en las cuentas para «procesos electorales y consultas ciudadanas». Una partida que la oposición cree que también está destinada a la consulta junto con un fondo de contingencia de 330 millones, que se incluyó como inversión oculta para la consulta, pero disfrazada con otro nombre para que no fuera impugnable.

La respuesta

A pesar de la contundencia de la resolución, la Generalitat ni se inmutó y expresó que el dictamen no varía sus planes. «Convocaré el referéndum», afirmó el presidente de la Generalitat. «La partida económica con el dinero reservado para hacer el referéndum está perfectamente avalada; por tanto, el referéndum se hará», avisó. El Ejecutivo catalán tiene que decidir si respeta la recomendación del Consejo de Garantías o tira por la calle del medio, con el riesgo de servir en bandeja la impugnación de la oposición y la posterior suspensión por parte del Constitucional de la parte referida de los presupuestos.

La Generalitat, en cualquier caso, ya ha dejado claro desde hace tiempo que no dará marcha atrás con el referéndum, incluso si tiene que reformar el reglamento del Parlamento autonómico por la puerta de atrás, como ha ocurrido con la pretensión de aprobar sin debate la ley de transitoriedad jurídica. Una operación que chocó también con la opinión de los letrados de la propia Cámara, que negaron que se pueda utilizar el trámite de urgencia para aprobar la norma llamada a ser la más trascendente en casi 40 años de autonomismo sin discusión ni presentación de enmiendas.

Oriol Junqueras, como titular de la Consejería de Economía, insistió en el «compromiso» del Ejecutivo con la celebración del referéndum pese al dictamen del Consejo de Garantías, si bien abrió la puerta a introducir algún cambio en el texto de la disposición. «La Generalitat siempre estudia los dictámenes y siempre mantiene todos los compromisos y en particular el del referéndum», remató.