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MARÍA EUGENIA ALONSO
Martes, 28 de febrero 2017, 00:19
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El PP y Ciudadanos cierran hoy los tres primeros meses de la legislatura sin cumplir su compromiso de tramitar las seis medidas en favor de la regeneración y en contra de la corrupción que los de Albert Rivera pusieron como condición para empezar a negociar la investidura de Mariano Rajoy el pasado agosto. Pese a lo recogido en su acuerdo, en este tiempo ni se han limitado los mandatos presidenciales, ni se han suprimido los aforamientos, ni tampoco se ha registrado una comisión de investigación sobre la financiación irregular del PP.
Tres puntos que ambas formaciones abordarán en las próximas horas en una reunión en el Congreso y en la que los liberales intentarán arrancar al PP algún compromiso. «Nuestra palabra está cumplida», insistió ayer la portavoz nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas. Desde Génova recuerdan que las exigencias naranjas las aceptaron no por convicción, sino por necesidad. «Eran lentejas», argumentó Fernando Martínez-Maillo. Aún así, el coordinador general de los populares defendió que son un partido «serio» y cumplirán con lo acordado.
Limitar los mandatos: El PP considera que puede ser anticonstitucional y que, en todo caso, es una figura propia de un régimen presidencialista y no parlamentario. La fórmula propuesta por Ciudadanos, que quiere que entre en vigor de inmediato, afectaría directamente al líder del PP. Una cuestión controvertida que los populares tratarían de solventar en su propuesta. Cabe recordar que este punto no llegó a debatirse en el congreso nacional del PP, ya que la única enmienda que lo reclamaba se retiró antes de iniciarse el debate de la ponencia de estatutos, allanando así el camino y la permanencia de Rajoy al frente del Gobierno mientras éste quiera y las urnas y la aritmética parlamentaria se lo permitan.
Eliminar los aforamientos. Afectaría únicamente a diputados, senadores y miembros del Ejecutivo, pero no a diputados autonómicos (regulados en los respectivos estatutos de autonomía) y a jueces y miembros de las Fuerzas de Seguridad. Así se lo recordó recientemente la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, a Rivera en una sesión de control en la Cámara baja. Además, para llevarla adelante sería necesaria una reforma exprés de la Constitución, algo que choca con la advertencia avanzada por Unidos Podemos de que cualquier modificación de la Carta Magna deberá pasar por un refrendo ciudadano que los de Pablo Iglesias pueden forzar al tener más del 10% de los representantes del Hemiciclo.
Investigar la financiación del PP: Los de Rivera confían en registrar conjuntamente con los populares la comisión que investigue su financiación irregular. No obstante, la puesta en marcha de las comisiones sobre la gestión del exministro Jorge Fernández Díaz, a principios de marzo, y del rescate bancario, a la vuelta de Semana Santa, amenazan con posponerse 'sine die'.
Separar a un cargo imputado: La imputación del presidente de Murcia por un presunto delito de corrupción ha vuelto a poner en jaque el acuerdo. En el PP siguen entendiendo que la apertura de juicio oral debe ser el momento procesal en el que se exijan responsabilidades políticas. Ese es también el momento en el que Ciudadanos establece su criterio en la ley anticorrupción que tramitó la pasada semana el Congreso, aunque arguye que el pacto «debe prevalecer».
No a los indultos a corruptos. Es uno de los puntos que Ciudadanos considera ya tramitados aunque sea gracias a los socialistas. El 14 de febrero el pleno del Congreso aprobó la toma en consideración de una proposición de ley del PSOE que incluía la prohibición de los indultos a condenados por corrupción política.
Una nueva ley electoral. Es otra de las exigencias que la formación de Rivera ve cumplida con la constitución de una subcomisión parlamentaria para reformar la ley electoral (LOREG), que entrará en funcionamiento el próximo 8 de marzo. Desde el Partido Popular ponen esta subcomisión como ejemplo de que sí se ha avanzado en el pacto suscrito con Ciudadanos.
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