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Rajoy confía en que impere la «normalidad» y se respete al Supremo

El jefe del Ejecutivo contiene al PP frente a la «escalada verbal» del independentismo y no renuncia al diálogo político con la Generalitat

NURIA VEGA

Martes, 28 de febrero 2017, 00:19

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Ni «juicio político», como denuncia Francesc Homs, ni crisis institucional. Mariano Rajoy enmarcó ayer la vista oral al exconsejero de Cataluña por la consulta del 9-N en el habitual funcionamiento del Estado Derecho y confió en que la «normalidad» guíe el proceso judicial en el Tribunal Supremo. «El señor Homs está sometido a la ley como lo estamos los 46 millones de españoles», simplificó el presidente del Gobierno.

Existe un interés en el Ejecutivo por sosegar el debate catalán y no alimentar lo que el PP considera «victimismo» de las fuerzas independentistas. En las últimas semanas la tensión entre la Moncloa y la Generalitat había registrado el repunte más álgido de la legislatura. Días después de que el 11 de enero Rajoy y Carles Puigdemont constataran en privado la imposibilidad del entendimiento entre ambos, el Gobierno llegó incluso a contemplar «medidas coercitivas» para impedir la hoja de ruta soberanista en Cataluña. Ahora, sin embargo, el PP trata de retornar a la calma.

Así se puso de manifiesto en la reunión de dirección que Rajoy presidió ayer en la sede nacional de la calle Génova. «Observamos una cierta escalada verbal de los partidos independentistas catalanes y no vamos a caer en esa trampa», resumió el coordinador general del partido, Fernando Martínez-Maillo, tras el encuentro.

Tan sólo 24 horas antes, Homs había advertido sobre «el fin del Estado español» en caso de que el Supremo llegue a dictar condenas por la consulta del 9 de noviembre de 2014. La reflexión dividió a la clase política. Mientras Podemos mantuvo su respaldo al dirigente catalán, el portavoz de la gestora del PSOE, Mario Jiménez, reclamó poner fin a «esos mensajes por los cuales algunos, invocando no se sabe qué derecho, intentan situarse por encima de la ley». Del mismo modo, la representante de Ciudadanos, Inés Arrimadas, censuró la «sensación de impunidad» que se desprende de la declaraciones de la cúpula de la antigua Convergència.

Pero el vaticinio del exconsejero de Cataluña tan sólo motivó por parte de Rajoy una llamada a acatar las resoluciones judiciales, que, tal y como admitió, a él mismo le pueden parecer «más acertadas o menos». «Son cosas que ha dicho el señor Homs probablemente sin pensar demasiado», relativizó el jefe del Ejecutivo, convencido de la «buena salud» y la cohesión del país.

En la Moncloa se resisten así a admitir el fracaso de su «operación diálogo», que se ha topado con la determinación de la Generalitat de convocar el referéndum independentista y no dar marcha atrás en sus planes de ruptura. Y a falta de concretar una cita pública entre Rajoy y Puigdemont, en el Gobierno se vuelcan en reiterar su mano tendida y predisposición a negociar todo lo que el Ejecutivo catalán plantee, salvo la consulta.

Los 45 puntos

El documento con los 45 puntos sobre inversiones en infraestructuras o I+D+I y reclamaciones relacionadas con competencias autonómicas está sobre la mesa de la vicepresidenta, dispuesta a profundizar en cada demanda. Precisamente, Soraya Sáenz de Santamaría mantiene contactos con el número dos de la Generalitat, que se ha convertido en el mejor interlocutor del Gobierno. Este lunes, ambos coincidían en Barcelona, en la inauguración del Mobile World Congress, y las cámaras captaban a Oriol Junqueras apoyado en los hombros de la también ministra para las Administraciones Territoriales en un gesto de complicidad en pleno enfrentamiento político.

«La actitud de diálogo del Gobierno creo que está constatada», remarcaba poco después el coordinador general del PP. En realidad, no hay más estrategia en la Moncloa que esa, la de evidenciar el interés del Ejecutivo central en abordar los asuntos que afectan «al día a día» de los catalanes para romper así el eterno argumento del independentismo sobre la brecha entre Cataluña y el resto de España. Y de este modo confía el Gabinete de Rajoy en conseguir que cada vez sean menos aquellos que piensan que la única vía posible es ya el divorcio.

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