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R. GORRIARÁN / C. REINO
Viernes, 24 de febrero 2017, 00:26
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Mariano Rajoy y Carles Puigdemont están dispuestos a gastar el último cartucho y volverse a ver tras el fracaso de su almuerzo secreto del 11 de enero en el palacio de la Moncloa. El presidente del Gobierno dijo estar dispuesto a dialogar porque «siempre tiene sentido», mientras que el jefe del Ejecutivo catalán está dispuesto a ir a Madrid cargado de miles de firmas que reivindican la consulta. En sus entornos, sin embargo, reina el escepticismo sobre las posibilidades de éxito en un postrero intento.
El presidente del Gobierno matizó que su voluntad de hablar no supone aceptar la agenda de su interlocutor porque no cabe en su cabeza «ponerse de acuerdo para incumplir conjuntamente la ley». Hablar, sí, pero de los asuntos que «preocupan de verdad a la gente», y detalló la habitual letanía de pensiones, inversiones, presupuestos o servicios sociales. Rajoy advirtió además que él y Puigdemont no son los únicos interlocutores, está «la sociedad catalana», con la que su Gobierno «dialoga intensamente», algo que molesta mucho a la Generalitat, que pretende ser el referente exclusivo en las relaciones con el Ejecutivo central.
Rajoy explicó que él y sus ministros están en contacto con otros sectores de la sociedad catalana porque el Gobierno de Puigdemont solo defiende las tesis de «una parte» de la ciudadanía, la que se identifica con la secesión de España. Ese sesgo, prosiguió en una comparecencia con el presidente argentino, Mauricio Macri, «solo ha servido para generar divisiones» en los últimos cinco años entre la población de Cataluña.
Puigdemont, por su parte, tiene previsto hacer un último intento para acordar la celebración de un referéndum, no para negociar otros asuntos. Un encuentro que sigue sin tener fecha ni formato. El que mantuvieron en abril de 2016 fue público en la Moncloa, mientras que el segundo, el pasado 11 de enero, fue secreto y también se celebró en la residencia presidencial.
El presidente catalán, si se produce la cita, entregará al presidente del Gobierno las miles de firmas que han rubricado un manifiesto del Pacto Nacional por el Referéndum dando su aval a una votación acordada, y que el Gobierno catalán quiere exhibir como prueba de que la reclamación de la consulta tiene amplio consenso social. Hasta el momento, han firmado el documento unas 40.000 personas, entidades e instituciones, con la perspectiva de que aumente en las próximas semanas.
Dos opciones
Si la Moncloa y el Palau de la Generalitat no se ponen de acuerdo para cerrar un encuentro entre los dos presidentes, la administración catalana baraja otras dos opciones para hacer ese último intento para acordar el referéndum: una comparecencia en el Congreso, como hicieron los diputados Jordi Turull, Marta Rovira y Joan Herrera con la consulta del 9-N de 2014, o como el lehendakari Juan José Ibarretxe cuando defendió su plan soberanista en 2005. La tercera posibilidad es organizar un acto o conferencia como la que impartieron Puigdemont, Oriol Junqueras y Raül Romeva en la Eurocámara el mes pasado.
El presidente de la Generalitat insistió ayer en que no existe una negociación con el Gobierno central y lo hizo para calmar, entre otros, a la CUP, que mostró su «inquietud» por haberse enterado por la prensa de la reunión con Rajoy. «Que no se vuelva a producir», advirtió Anna Gabriel, portavoz de los anticapitalistas, que recelan de los movimientos de los exconvergentes.
Puigdemont dijo, en cualquier caso, que la hoja de ruta soberanista, que él definió como «referéndum o referéndum», se encuentra aún en el primer estadio, el de la consulta acordada y pactada. En el momento en que haga la petición formal y reciba la negativa oficial del presidente del Gobierno, el independentismo activará la fase dos, que es la convocatoria y celebración del referéndum sin el visto bueno del Gobierno de Rajoy.
El Parlamento catalán rechazó ayer una moción del PSC que pedía al Gobierno catalán que informara a la Cámara de sus planes para conseguir la independencia. La propuesta fue desechada con los votos en contra de JxSí y la CUP. La iniciativa pedía dar al Parlament en 15 días toda la información del Gobierno de Puigdemont sobre una secesión de Cataluña, sus actos de preparación, su ejecución y sus posibles consecuencias.
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