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Jaume Matas e Iñaki Urdangarin, en unas jornadas del Instituto Nóos en Baleares en 2005. :: efe
El recurso al Supremo, un arma de doble filo

El recurso al Supremo, un arma de doble filo

De los grandes casos de corrupción de los últimos años solo a Matas y Rafael Blasco les rebajaron la pena, pero todos fueron a prisión

MATEO BALÍN

Domingo, 19 de febrero 2017, 01:19

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Iñaki Urdangarin, su exsocio Diego Torres o la Fiscalía Anticorrupción tienen hasta el próximo viernes para anunciar recurso de casación ante el Tribunal Supremo por la sentencia del 'caso Nóos'. Después se abrirá un plazo para presentar los pertinentes escritos y, una vez sean admitidos a trámite por la Sala Segunda (de lo Penal), se fijará la fecha de la vista en la que las partes expondrán sus argumentos. Uno de los miembros del tribunal será designado ponente de la sentencia, que se conocerá tras las pertinentes deliberaciones. Se calcula que desde la admisión de los recursos la sala tardará alrededor de un año en dictar sentencia firme, según fuentes del Supremo.

Todos los condenados por tribunales de instancia en los principales casos de corrupción de los últimos años acudieron en casación al Alto Tribunal. Confiaban, claro está, en una rebaja de la pena o, en el mejor pero más improbable caso, en su absolución. Sin embargo, todos ellos acabaron entrando en prisión. Algunos tras beneficiarse de una disminución sustancial del castigo, la mayoría porque la sala confirmó el fallo y otros pocos acabaron recibiendo más pena.

Este fue el resultado de todos estos casos, que no deberían pasar inadvertidos para el yerno del Rey emérito cuando busque justicia ante el máximo tribunal. A día de doy, la condena a Urdangarin a seis años y tres meses dictada por la Audiencia de Palma le manda a la cárcel.

El Supremo confirmó en julio de 2013 la condena por un delito de tráfico de influencias a Jaume Matas. La Sala Segunda hizo una profunda corrección de la sentencia dictada por la Audiencia de Palma -el mismo tribunal del 'caso Nóos' pero con diferentes magistrados- que castigó con seis años de prisión al exministro del PP por cinco delitos: fraude a la Administración, falsedad documental, prevaricación en concurso con malversación de dinero público y tráfico de influencias. El alto tribunal, en contra del criterio de la Fiscalía, no discutió los hechos probados, pero sí su consideración delictiva. El ponente del fallo fue el magistrado Carlos Granados. En esta pieza separada del 'caso Palma Arena' se juzgó si Matas pagó con dinero público al periodista que escribía sus discursos entre 2003 y 2007. Pese a los nueve meses de pena, Matas entró en la prisión de Segovia. El tribunal valoró la «peligrosidad» de los delitos y las causas pendientes del condenado.

Condenado por el 'caso Cooperación', la trama que desvió 1,6 millones de la ayuda al desarrollo destinada por el Gobierno valenciano a Nicaragua, Blasco cumple pena en el centro penitenciario de Picassent (Valencia) después de que el Supremo le impusiera seis años de prisión en junio de 2015. El «todopoderoso» exconsejero autonómico con Francisco Camps y Eduardo Zaplana, pasó por cinco carteras entre 1999 y 2011, y con el socialista Joan Lerma entre 1983 y 1989, se benefició de una rebaja de dos años en el Supremo. La Sala Segunda, con ponencia de Antonio del Moral, consideró que Blasco «pisoteó» a los ciudadanos por ayudar a desfalcar fondos públicos en favor del empresario César Tauroni. Quedaron probados tres delitos: malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental. El Supremo retiró a los dos primeros la agravante de continuidad delictiva. De ahí la rebaja con respecto a la sentencia del Tribunal Superior de Valencia, que juzgó al aforado.

Después de diez años de investigación y diferentes jueces instructores en el 'caso Naranjax', Carlos Fabra recurrió en casación al Tribunal Supremo con la intención de rebajar los cuatro años de prisión por otros tantos delitos de fraude fiscal (1999-2003) que le impuso la Audiencia Provincial de Castellón en noviembre de 2013 por dejar de pagar 700.000 euros en impuestos. Pero, a diferencia de Matas o Blasco, la Sala Segunda confirmó en julio siguiente la misma pena de prisión y multa que la instancia inferior, casi 1,4 millones de euros. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado reclamaron en sus recursos de casación elevar la pena al dirigente del PP de cuatro a ocho años de prisión, pero la sala, con ponencia de magistrado Luciano Varela, lo rechazó. Tras pasar casi cinco meses en la prisión de Aranjuez, Fabra fue excarcelado en abril pasado tras concederle el tercer grado. Se valoró su edad, 70 años, el riesgo «medio bajo» de reincidencia, su evolución favorable, la corta duración de su condena y el hecho de que haya abonado la mayor parte de la responsabilidad civil.

El asesor de urbanismo de Marbella Juan Antonio Roca disfrutó en noviembre pasado de su primer permiso penitenciario tras pasar más de diez años en prisión condenado por la Audiencia de Málaga por el 'caso Malaya', la mayor trama municipal de corrupción conocida. Roca fue castigado a 11 años de prisión y en julio de 2015 el Supremo elevó la pena a 17 al apreciar un nuevo delito fiscal y agravarse las penas por cohecho y blanqueo. La sentencia, de la que fue ponente el magistrado Juan Saavedra, tuvo 3.138 folios y contó con un voto particular. La exalcaldesa de Marbella Marisol Yagüe tuvo más suerte y pasó de seis a cinco años y medio de cárcel, al igual que la exconcejal Isabel García Marcos, que le rebajaron de cuatro a tres años y medio. En febrero de 2016, Roca tuvo un respiro en medio de su cascada de condenas y la Sala Segunda disminuyó de seis a tres años la pena por el 'caso Saqueo 2', al retirarle la agravante en el delito de malversación continuada. En el 'caso Minutas', por el que cumple siete años de cárcel el expresidente del Sevilla José María del Nido, Roca fue condenado en firme a tres años en diciembre de 2013 (el Supremo le rebajó un año al absolverle del delito de fraude).

El exalcalde de Jerez de la Frontera entre 1979 y 2003, el andalucista Pedro Pacheco, cumple condena en la prisión de Puerto III (Cádiz) después de que el Supremo elevara en septiembre de 2014 su pena un año más, hasta los cinco años y seis meses de prisión. La Sala Segunda, con ponencia de Joaquín Giménez, estimó de forma parcial el recurso de la Fiscalía y castigó a Pacheco con un nuevo delito, el de falsedad documental. En cambio, mantuvo los de prevaricación y malversación que le impuso la Audiencia de Cádiz por el nombramiento a dedo de dos cargos de confianza y pagarles 206.833 euros sin trabajar a través de sociedades municipales. En diciembre de 2015, el Supremo confirmó la condena a otra alcaldesa de Jerez, la socialista Pilar Sánchez (2005-2011), a cuatro años y medio de prisión por amañar una subvención municipal.

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