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La consejera de Educación y Cultura del Gobierno de Ceuta del Partido Popular, Rabea Mohamed.
La juez de Ceuta investiga una organización criminal en la adjudicación de viviendas

La juez de Ceuta investiga una organización criminal en la adjudicación de viviendas

Otras tres personas han ingresado ya en prisión provisional, mientras que cinco trabajadores municipales están en libertad con cargos

Cecilia Cuerdo

Sábado, 18 de febrero 2017, 18:12

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El juez que instruye la investigación por las supuestas irregularidades en la adjudicación de viviendas municipales en Ceuta, que se saldó con el arresto de dos consejeras del Gobierno del PP en la ciudad autónoma, investiga entre otros delitos la participación en una organización criminal, así como los supuestos delitos de prevaricación, malversación, falsedad documental y cohecho, según han confirmado fuentes judiciales. La segunda fase de la operación, con ocho detenciones, se ha saldado con tres personas en prisión y cinco trabajadores municipales en libertad con cargos.

En total son ya 12 las personas detenidas por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional en el marco de esta operación, que se inició el martes con el arresto del exviceconsejero de Vivienda, Antonio López, y de las actuales responsables de Educación, Rabea Mohamed, y de Economía y Hacienda, Susana Román, así como de un diputado autonómico por Coalición Caballas. Todos ellos han quedado en libertad con cargos, al igual que cinco trabajadores de la empresa municipal de vivienda de Ceuta, Emvicesa, centro de la supuesta trama. Asimismo, la juez de instrucción 1 de la ciudad autónoma ordenó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, de otros tres detenidos, un policía portuario, un trabajador de una naviera y un empleado de una sociedad municipal de consultoría de obras públicas.

Los agentes investigan la supuesta concesión irregular de varias promociones de viviendas de protección oficial, en total unos 317 inmuebles, para lo cual se exigieron mordidas. Durante la operación, que continúa bajo secreto de sumario, los agentes han registrado las dependencias de la Consejería de Asuntos Sociales. Las pesquisas se iniciaron en julio de 2015, cuando un ciudadano anónimo alertó de irregularidades en la adjudicación de 317 viviendas sociales de la promoción Loma Colmenar, dado que se estaban exigiendo cantidades por tener acceso a las viviendas. Los agentes, sin embargo, han puesto en el punto de mira otras adjudicaciones antes incluso de contar con el visto bueno de la comisión local de la vivienda, órgano en el que en esas fechas participaban todos los arrestados.

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