La vicepresidenta se reúne con Arrimadas e Iceta para abrir el diálogo con Cataluña

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dio este miércoles por inaugurada la llamada 'operación diálogo', con la que el Ejecutivo central trata de afrontar la cuestión catalana. La número dos del Gobierno de Mariano Rajoy, que ha asumido la gestión de la carpeta catalana, estrenó el despacho que ha habilitado en la Delegación del Gobierno en Cataluña, reuniéndose, por separado, con la líder de la oposición en la Cámara catalana, Inés Arrimadas, de Ciudadanos, y con el primer secretario del PSC, Miquel Iceta. Además, la vicepresidenta mantuvo contactos durante el día con empresarios catalanes, aunque la identidad de los mismos no trascendió.

El encuentro con la dirigente naranja y con Iceta sirvió a la vicepresidenta para dar a conocer en qué consiste la oferta de diálogo que el Gobierno quiere trasladar a la Generalitat y para tomar el pulso de la política catalana. Se trata de un contacto previo al que Sáenz de Santamaría y el vicepresidente Oriol Junqueras tendrán en Barcelona. La cita aún no tiene fecha, pero podría determinar si el anunciado deshielo entre la Moncloa y el Palau de la Generalitat tiene futuro o no. El Gobierno catalán dijo que entendería como un gesto que los vicepresidentes pudieran reunirse en Barcelona, a lo que Sáenz de Santamaría replicó que estaría «encantada».

Se trata de la tercera visita de Sáenz de Santamaría a Barcelona desde que asumió la gestión del pleito catalán. En la primera, coincidió con el Rey y con Carles Puigdemont en una entrega de premios de la patronal catalana. Al término del acto, Sáenz de Santamaría y Puigdemont mantuvieron un encuentro privado. Una semana después, la vicepresidenta asistió a la toma de posesión del nuevo delegado del Gobierno, Enric MIllo, que antes que dirigente del PP lo fue de CiU.

Este ha sido el tercer desplazamiento a Cataluña en tres semanas, pero el primero de contenido ejecutivo desde su puesto de mando en la Delegación del Gobierno. Fue un mensaje de hasta dónde puede llegar el Gobierno en el diálogo con la Generalitat. El Gobierno central lleva semanas emplazando al Ejecutivo catalán a hablar de todo sin más condiciones que el respeto al marco legal y la Constitución. Es decir, se puede abordar la reforma constitucional, como plantean los socialistas, y se puede poner el acento en la mejora del sistema de financiación y en acelerar la construcción del corredor ferroviario mediterráneo como propone Ciudadanos para hacer frente al soberanismo. Pero el Gobierno central no negociará un referéndum como le pide Carles Puigdemont. Iceta trasladó a la vicepresidenta que es necesario construir un gran consenso en torno a la reforma de la Carta Magna y que hace falta más que un cambio de actitud para resolver la cuestión catalana, pues a su juicio, Rajoy «llega tarde». «Hay un problema que se ha ido complicando y que requiere de propuestas y de actuaciones. Hay que pasar a la acción y cuanto antes», dijo Iceta. En la misma línea, Arrimadas, apuntó que «ha llegado la hora» de poner sobre la mesa «reformas, propuestas y medidas concretas para solucionar los problemas de siete millones y medio de catalanes». Entre otras, apuntó, un nuevo modelo de financiación o más inversiones en la red de Cercanías.

Fase de tanteo

A la espera de las reuniones que puedan tener Rajoy y Puigdemont, por un lado, y Sáenz de Santamaría y Junqueras, por otro, de momento, la Moncloa y el Palau de la Generalitat están en la fase de tanteo, el periodo exploratorio en el que de una parte y otra se piden gestos de distensión. Desde la Generalitat calificaron de «sorprendente» y «extraño» que la vicepresidenta se reúna antes con los líderes de la oposición en Cataluña que con Oriol Junqueras, aunque consideraron que es un «buen indicio» que la número dos del Ejecutivo tome el pulso al «mundo social, político y asociativo» catalán, lo que valoraron como un «cambio de actitud» respecto a los años anteriores.

Uno de los gestos que más reclama la administración catalana es que remita lo que el soberanismo llama la judicialización de la política. «Hemos sido muy críticos con su desconocimiento de la realidad catalana y ella reconoce que hasta ahora ha habido una excesiva confrontación con Cataluña. Es exactamente lo que pensamos», dijo la consejera de la Presidencia, Neus Munté. La portavoz de la Generalitat mostró, ademas, su confianza en que el nuevo delegado del Ejecutivo español en Cataluña, Enric Millo, no actuará contra los cargos electos que trabajaron el 6 de diciembre, Día de la Constitución, a pesar de ser festivo.

El Gobierno central, por su parte, pide a Carles Puigdemont que acuda a la cumbre de presidentes autonómicos para abordar la nueva financiación autonómica, pero Puigdemont se niega y exige una relación bilateral con el Estado.