Diario Sur

Puigdemont reclama a Rajoy hablar sin tapujos del referéndum independentista

Puigdemont respondió a las preguntas en la sesión de control al Gobierno de ayer en el Parlamento catalán. :: Andreu Dalmau / efe
Puigdemont respondió a las preguntas en la sesión de control al Gobierno de ayer en el Parlamento catalán. :: Andreu Dalmau / efe
  • El presidente catalán desconfía porque cree que las apelaciones al diálogo solo son «propaganda»

barcelona / madrid. El presidente catalán quiere poner a prueba la sinceridad de las ofertas de diálogo que llegan desde el Gobierno central y ofreció a Mariano Rajoy una reunión para hablar sin tapujos ni medias tintas sobre el referéndum de la independencia de Cataluña. Esa sería, a su juicio, la mejor prueba de que el cambio de talante y la voluntad de entenderse son ciertos y no una «operación de propaganda», que es lo que se teme Carles Puigdemont.

El independentismo ha acogido con escepticismo la oferta de rehacer puentes lanzada la semana pasada por la vicepresidenta del Gobierno en su visita a Barcelona y entiende que se trata más de una operación de maquillaje, un nuevo canto de sirena para romper la cohesión entre Junts pel Sí y la CUP, que una intención real de buscar una solución al problema catalán. Puigdemont, sin ir más lejos, acusó este miércoles al Ejecutivo de Rajoy de no tener ninguna voluntad de diálogo, sino de querer «diluir» las reclamaciones soberanistas con un discurso pactista que esconde la intransigencia política de siempre.

Pero el presidente de la Generalitat no quiere cerrarse puertas antes de haber intentado abrirlas y reclamó que si se produce el diálogo que sea de manera bilateral, no en el marco de foros, como la Conferencia de Presidentes, en la que están representadas las demás comunidades. Las conversaciones, según Puigdemont, no pueden tener condiciones previas para que se pueda hablar de todo, y en el todo entra el referéndum que los independentistas quieren celebrar en septiembre de 2017 y que aún tratan de pactar con Madrid.

Según el jefe del Ejecutivo catalán, Cataluña, tras cuatro años de movilizaciones en la calle y después de la victoria secesionista en las elecciones del 27-S, se «ha ganado el derecho» a que los contactos con el Gobierno central sean de tú a tú, al estilo, dijo, de la que mantiene con el Gobierno de Vitoria, es decir, más allá del régimen común. Puigdemont, en definitiva, pide «gestos» a Rajoy porque un «anuncio de diálogo» como el que se ha hecho «no es diálogo».

El proceso y las consecuencias penales que acarrea son el gran obstáculo para que se materialice el deshielo. Las fuerzas secesionistas critican al Gobierno que exprese su voluntad de hablar y al mismo tiempo mantenga «el asedio judicial al soberanismo». Un recelo que es recíproco porque el Gobierno de Rajoy reprocha a Puigdemont que apele al diálogo cuando solo plantea contratos de adhesión bajo la amenaza de que en 2017 habrá «referéndum o referéndum».

Diálogo de sordos

Un ejemplo de esta disparidad de idiomas se dio ayer en el Congreso, en la primera interpelación de Francesc Homs, portavoz de Convergencia, la actual PDECat, a Soraya Sáenz de Santamaría en esta legislatura, que se convirtió en un diálogo de sordos. Homs está dispuesto a hablar de todo siempre que no se cuestione la celebración del referéndum independentista, pero la consulta constituye para la vicepresidenta la principal línea roja.

El diputado nacionalista rescató la propuesta de su partido de constituir en la Cámara baja una «comisión de trabajo sobre el referéndum y la cuestión catalana». Un marco en el que, según Homs, se debería poder hablar «con serenidad» para que «la operación diálogo no se convierta en operación monólogo» y sin «imposiciones». Pero la convocatoria del plebiscito ya es, a juicio del Gobierno, una exigencia que Sáenz de Santamaría no está dispuesta a aceptar. «¿En qué queda el diálogo que ofrece al decir que el referéndum va a celebrarse sí o sí?», preguntó la número dos de Rajoy.

La vicepresidenta, como titularde Administraciones Territoriales, tiene la tarea de intentar resolver las tensiones con Cataluña en esta legislatura. En este contexto se enmarca su ofrecimiento de abordar «a fondo» lo que sea necesario y superar la «fase de reproches», pero siempre con la premisa de que la soberanía reside en todo el pueblo español. «Cuando uno pretende modificar un marco que afecta a todos tiene que saber muy bien a quién ha de hacer la pregunta», espetó sobre la consulta de Puigdemont.

Sólo una reforma constitucional, como recuerda el Gobierno, podría cambiar este punto de partida. Y esa es la vía legal que señala el Ejecutivo a los independentistas catalanes, a sabiendas, en cualquier caso, de que la modificación de la Carta Magna dependerá siempre de la voluntad del PP, con mayoría absoluta en el Senado. Para el independentismo, además, la reforma constitucional es insuficiente para satisfacer sus demandas.