Diario Sur

La juez Rosell se enfrenta a una dura sanción por una falta «muy grave»

madrid. La magistrada y exdiputada de Podemos Victoria Rosell se enfrenta a la suspensión de empleo, traslado forzoso del juzgado o, incluso, a la separación de la carrera judicial. El promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, el magistrado Antonio Jesús Fonseca-Herrero, acordó ayer la apertura de un expediente disciplinario a la juez por la posible comisión de una falta muy grave de desatención en la tramitación de procedimientos judiciales como titular del Juzgado de Instrucción número ocho de Las Palmas de Gran Canaria. La decisión contra Rosell tiene su origen en un escrito de la Fiscalía del Tribunal Supremo, que el pasado 8 de abril remitió al Consejo un escrito presentado ante la Fiscalía Provincial de Las Palmas por un abogado que denunció a la magistrada, en ese momento diputada en el Congreso, por los delitos de falsedad en documento oficial, infidelidad en la custodia de documentos, prevaricación, retardo malicioso en la tramitación de una causa judicial y contra el ejercicio de derechos cívicos reconocidos en la Constitución.

La Fiscalía del Supremo, tras analizar la denuncia contra Rosell, en ese momento aforada, no apreció elementos de entidad jurídica suficientes para incoar diligencias de investigación penal y acordó su archivo, pero la remitió al Consejo por si de la misma pudiera derivarse responsabilidad disciplinaria.

Desatención

Tras estudiar el contenido de la denuncia, recabar informe del letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas, solicitar alegaciones a la magistrada denunciada y practicar otras diligencias, el promotor de la acción disciplinaria concluye que Rosell pudo incurrir en una falta muy grave de desatención al intervenir en un procedimiento judicial en el que había sido recusada el 26 de septiembre de 2013. En un auto fechado el 6 de noviembre de 2013, la juez acordó la inadmisión de la recusación y dispuso que, hasta que la Audiencia Provincial de Las Palmas no resolviera el incidente, fuera otro magistrado quien continuara la tramitación de las diligencias penales.

La recusación fue resuelta el 11 de mayo de 2015 por la Audiencia de Las Palmas. Sin embargo, el promotor de la acción disciplinaria señala ahora que entre los días 6 de noviembre de 2013 y el 14 de mayo de 2015 Rosell intervino en la tramitación de la causa en que había sido recusada, estando pendiente de resolución el incidente que ella misma acordó remitir a la Audiencia.