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CRISTIAN REINO
Jueves, 24 de noviembre 2016, 01:05
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barcelona. Un día después de que el Congreso autorizara al Tribunal Supremo a investigar a Francesc Homs por su participación en la organización de la consulta del 9-N y de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña citara a declarar a Carme Forcadell, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, acusó al Gobierno de poner en peligro los derechos humanos con su permanente persecución judicial al independentismo.
El secesionismo lleva meses tratando de presentar a España como un Estado de baja calidad democrática, con tics franquistas y donde se persigue a la gente por sus ideas políticas, especialmente si son secesionistas. Es la defensa que el soberanismo ha ideado para afrontar los casos judiciales que le afectan, sobre todo el del 9-N, -por el que están imputados Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau y Homs-, y el que implica a Carme Forcadell. Esta estrategia, consideran los independentistas, les sirve además para incrementar el número de personas favorables al proceso.
Puigdemont elevó el tono en Gerona, en el Congreso Internacional de Defensores Locales, y afirmó que, «aquí, en casa, los derechos humanos están en riesgo, amenazados, perseguidos, discutidos y violentados». A su juicio, el Ejecutivo central, «utiliza la ley para pisar derechos fundamentales», en este caso, el derecho que el soberanismo entiende que tiene la administración catalana de celebrar un referéndum de autodeterminación, como un derecho fundamental, amparado por la legislación internacional.
En esta línea, el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, insistió una vez más en que el Ejecutivo catalán celebrará un referéndum en 2017. «Es nuestro compromiso, tenemos un mandato democrático y haremos todo lo posible por cumplirlo», dijo.
El dirigente republicano se hizo eco de las encuestas que señalan que los partidarios de la independencia en Cataluña son cada vez menos y que no superan el 50%. de la población a día de hoy. «Para salir de dudas pongamos las urnas, votemos y comprobemos los resultados», señaló. Junqueras también censuró al Gobierno central por «perseguir a alguien que pone las urnas» y por «expresar sus opiniones políticas», y aseguró que el suplicatorio de Homs «afectará» al diálogo con el Gobierno central. Aunque, matizó, «la experiencia nos enseña que este diálogo con el PP nunca ha existido».
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