Diario Sur

El fiscal pide archivar la causa sobre el espionaje a políticos del PP en Madrid

madrid. La Fiscalía quiere enterrar el llamando 'caso de los espías' de la Comunidad de Madrid, en el que se investiga a una trama que supuestamente hizo seguimientos a enemigos políticos de Esperanza Aguirre dentro del PP en la época en la que la hoy portavoz popular en el Ayuntamiento madrileño presidía el Gobierno regional. El Ministerio Público estima que no hay indicios de malversación en el uso de medios públicos para el supuesto seguimientos a los hombres de confianza del entonces alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón.

Este caso se centra en el espionaje entre marzo y mayo de 2008 a dos cargos políticos próximos a Ruiz-Gallardón, ya por entonces enfrentado a Aguirre: Alfredo Prada, consejero de Justicia y Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid; y Manuel Cobo, exvicealcalde del Ayuntamiento de la capital. Todas las personas señaladas en esta causa como miembros de esa supuesta trama eran parte del equipo de Esperanza Aguirre: Sergio Gamón, ex director general de Seguridad de la Consejería de Presidencia; Miguel Castaño; ex subdirector general de Seguridad; José Manuel Pinto, técnico especialista de seguridad; y los asesores de seguridad de la comunidad y guardias civiles, José Luis Caro Vinagre, José Oreja Sánchez y Antonio Coronado.

Los seis, según las acusaciones, usaron para los seguimientos a los políticos afines a Gallardón «vehículos, cámaras y teléfonos móviles corporativos propiedad de la Comunidad de Madrid». Además, habrían percibido «nóminas y dietas destinadas a la remuneración de sus servicios» durante sus trabajos de espionaje. Pero la Fiscalía, en contra del criterio de la Audiencia de Madrid que ha forzado por tres veces la reapertura de esta causa, insiste en que las diligencias de instrucción practicadas «no han acreditado que los investigados hayan destinado a usos ajenos a la función pública caudales o efectos puestos a su cargo por razón de sus funciones». El Ministerio Público precisa que las acusaciones no han aportado pruebas que demuestren que los vehículos o teléfonos puestos a disposición de los acusados fueran utilizados para hacer seguimientos.