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María Eugenia Alonso
Miércoles, 16 de noviembre 2016, 11:09
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La corrupción ha calado en el inconsciente colectivo de los españoles. Los casos ERE, Gürtel, Taula o las 'tarjetas black' han empeorado notablemente la visión que tienen los ciudadanos de los políticos. En concreto, ocho de cada diez cree que el Gobierno no ha conseguido frenar con efectividad esta lacra y dos de cada tres consideran que sigue siendo uno de los problemas más graves que afronta el país.
Es una de las conclusiones que se extraen del Barómetro Global de la Corrupción 2016 realizado por Transparencia Internacional, en el que han participado 42 países de Europa y Asia y para el que se realizó una encuesta a 60.000 personas entre diciembre de 2015 y enero de 2016, coincidiendo con la convocatoria electoral en España.
Del estudio se desprende también que más de la mitad de los encuestados, el 55%, cree que la mayor parte de los miembros del Ejecutivo están implicados en estas actividades ilegales y tres de cada diez piensan que también lo están algunos de los 350 diputados del Congreso.
"Es absolutamente necesario que la corrupción se trate como un asunto de Estado", ha indicado Jesús Lizcano, presidente Transparencia Internacional España, que ha instado a los partidos a "ponerse las pilas" para sacar adelante medidas para acabar con esta lacra.
Por su parte, Manuel Villoria, catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos, ha destacado que "somos el país de Europa con mayor percepción de que la corrupción es un problema, solo por detrás de Moldavia y Kosovo".
Medidas de protección
Hay más datos negativos: el 28% de los españoles perciben un aumento de la corrupción en los últimos 12 meses, mientras que un 37% piensan que todo sigue igual. Sin embargo, nuestro país se sitúa entre los que se produce un menor índice de sobornos, entre el 1% y el 3%.
Ante las posibles soluciones, casi la mitad de los encuestados está de acuerdo con que los ciudadanos pueden cambiar la situación en la lucha contra la corrupción. Algo menor (35%) es el porcentaje de quienes alertan del "miedo" que deben superar los ciudadanos para convertirse en denunciantes de corrupción y pide medidas.
"Los españoles están indignados y dispuestos a luchar contra la corrupción pero necesitan protección", ha incidido Villoria, quien ha instado al Gobierno a "evaluar" su suspenso porque los datos "son muy negativos".
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