Diario Sur

Conflicto judicial a cuenta del atentado de la embajada de España en Kabul

  • Pedraz reconoce que se equivocó al quedarse con el caso y la Fiscalía duda de que se pueda acusar al entonces embajador

madrid. La investigación judicial sobre el atentado contra la embajada española en Kabul el 11 de diciembre pasado y en el que fallecieron los policías Jorge García Tudela e Isidro Gabino San Martín se complica. El hasta ahora juez del caso, Santiago Pedraz, reconoció ayer que asumió por error la competencia del caso, al haber una equivocación en la fecha del ataque en los atestados que Interior le envió.

Pedraz remitió a reparto este sumario entre todos los jueces de instrucción de la Audiencia Nacional después de que la Abogacía del Estado le hiciera notar que el atentado que costó la vida a los dos agentes, amén de a dos empleados de la legación y cuatro policías afganos, se produjo el viernes 11 de diciembre y no el sábado en el que entró de guardia Pedraz, lo que automáticamente le habría convertido en el juez competente para este asunto.

Pero al margen de esta confusión, el caso se está complicando todavía más judicialmente. El pasado 2 de noviembre, Pedraz admitió a trámite la querella contra el entonces embajador en Afganistán, Emilio Pérez de Ágreda, y su segundo, Oriol Solá Pardel, por un homicidio imprudente (el de Gabino) y siete en grado tentativa, por haber desoído los insistentes informes policiales que apuntaban desde hacía siete años a que aquel edificio era una ratonera.

Sin embargo, la Fiscalía ha informado que no se puede acusar a los diplomáticos ya que la imputación de homicidio imprudentes es «incompatible» con la de terrorismo, de la que se acusa a los talibanes. «El atentado terrorista sólo puede atribuirse a los miembros del grupo yihadista que fallecieron en la acción».