Diario Sur

Los independentistas se echan a la calle contra la «justicia española»

Francesc Homs, Oriol Junqueras, Artur Mas y Carme Forcadell, junto a otros dirigentes independentistas durante la marcha de ayer en Barcelona. :: Toni Albir / efe
Francesc Homs, Oriol Junqueras, Artur Mas y Carme Forcadell, junto a otros dirigentes independentistas durante la marcha de ayer en Barcelona. :: Toni Albir / efe
  • Los soberanistas muestran su solidaridad con los altos cargos investigados por los jueces por el 9-N

El agotamiento en el movimiento independentista ya fue palpable en la Diada de hace dos meses, en la que las cifras de asistencia fueron sensiblemente inferiores a las de años anteriores. Sin embargo, el soberanismo siempre está preparado para exhibir músculo y para reunir a decenas de miles de personas en un acto reivindicativo. Ayer fueron unas 80.000, según la estimación de la Guardia Urbana, lejos de las 800.000 del último 11-S, las que se manifestaron en Barcelona en «defensa de la democracia», para protestar contra la «judicialización del proceso» independentista y denunciar los «ataques de la justicia española» que, a juicio del secesionismo, promueve el Estado español contra los cargos del soberanismo.

El secesionismo catalán tiene sus «mártires» en el expresidente Artur Mas, las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau, y el exportavoz y ahora diputado, Francesc Homs, a punto de ser juzgados por la consulta del 9-N de 2014; y la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, imputada por desobedecer al Tribunal Constitucional. Todos ellos acudieron en primera fila a la manifestación.

Organizada por las plataformas de la sociedad civil, ANC, Ómnium Cultural y la AMI que fueron las impulsoras de las grandes movilizaciones del independentismo de los últimos cinco años, la marcha contó con la presencia de la plana mayor de las fuerzas nacionalistas catalanas, además de los investigados. El presidente Carles Puigdemont no estuvo en Barcelona, pero respaldó la manifestación desde su localidad de origen, Amer, en Girona, donde fue nombrado hijo adoptivo.

El independentismo volvió a mostrarse como una piña (hubo dirigentes del PDECat, Esquerra y la CUP), escenificó su enorme capacidad de movilización y lanzó un mensaje muy directo al Gobierno central: el acoso judicial no impedirá ni la celebración del referéndum ni detendrá el proceso independentista. «Nos dejaremos la piel al servicio de la libertad, del progreso y del bienestar del país, obedeciendo el mandato del pueblo de Cataluña», afirmó solemne Mas. «En cada rincón de Cataluña donde hay un demócrata, hemos levantado hoy de manera clara la voz para defender nuestras instituciones», completó Puigdemont.

El soberanismo cerró filas y situó los márgenes en los que se desarrollará el pleito catalán en los próximos meses. Con el referéndum sobre la independencia en el horizonte cercano de septiembre de 2017, el proceso entra en la fase decisiva, en la que el Parlamento catalán aprobará antes del verano las tres leyes de la desconexión, entre ellas la de transitoriedad jurídica, que supondrá una declaración de independencia de facto pues negará la validez de la legalidad española.

En cuanto la ruptura se ponga en marcha ya no valdrán las medias tintas y la calle será el escenario en el que el secesionismo responderá a las impugnaciones del Gobierno central y a las condenas de inhabilitación que pueden producirse en los próximos meses.

Las calles

Con una diferencia respecto a las movilizaciones que se han registrado hasta la fecha, el independentismo está dispuesto a la desobediencia, afirma que no tiene miedo a los tribunales y hasta está dispuesto a tomar las plazas el tiempo que haga falta. Lo expresaron los responsables de la ANC y Ómnium. «Esto ya no va de manifestarnos el 11 de septiembre, esto ya no consiste en salir a la calle en días históricos. Comienza la hora de la movilización permanente», aseguró Jordi Cuixart, de Ómnium. «Saldremos nuevamente a la calle, cuando sea necesario, donde sea necesario y los días que sea necesario. ¡Lo haremos!», advirtió Jordi Sanchez, de la ANC.

El movimiento secesionista se aferra a la fuerza de la calle y al impacto que sobre la sociedad puedan tener eventuales condenas para intentar coser las grietas que aún existen entre los partidos independentistas -Junts pel Sí y la CUP aún no han sido capaces de aprobar los presupuestos- y para tratar de franquear el listón clave del 50% de los votos favorables a la separación, ya sea en el referéndum o en unas futuras elecciones catalanas previstas para dentro de un año.

La receta la pusieron ayer los independentistas sobre la mesa: presentar al Estado español como antidemocrático y donde se persigue penalmente a los políticos en función de sus ideas; a diferencia de la «revolución democrática, pacífica y sin violencia, que desembocará en la república catalana».