Diario Sur

Interior guardará los datos de los sospechosos yihadistas aunque sean absueltos

  • La Audiencia Nacional ampara a la Policía y a Protección de Datos en su negativa a borrar los antecedentes de un detenido por el 11-M

Las fuerzas de seguridad del Estado podrán almacenar para siempre en sus bases de datos confidenciales los historiales de cualquier sospechoso cuyo nombre aparezca en una investigación sobre yihadismo, aunque el individuo finalmente sea absuelto con todos los pronunciamientos a favor. La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en una sentencia pionera en el derecho a la privacidad de sospechosos de terrorismo islámico, ha amparado a los servicios antiterroristas de la Policía Nacional y a la Agencia de Protección de Datos en su negativa a borrar de los archivos de 'antecedentes policiales' las pesquisas sobre un marroquí, A. L., que fue detenido por su relación con los atentados del 11-M en Madrid, pero que nunca llegó a ser condenado. La justicia zanja así que la seguridad nacional está por encima del derecho a la intimidad del afectado.

La sentencia, firmada a finales de septiembre y a la que ha tenido acceso este periódico, pone punto final a la lucha judicial que A. L. comenzó en septiembre de 2012 cuando por primera vez exigió, sin éxito, a la Policía Nacional que borrara sus antecedentes. Este individuo había sido absuelto por la Audiencia Nacional el 15 de abril de 2011, en el llamado 'segundo juicio del 11-M' contra supuestos colaboradores de la célula que perpetró la masacre en 2004. A. L, había sido detenido en abril de 2004 y fue puesto en libertad poco después. En marzo de 2007 fue arrestado de nuevo y encarcelado, esta segunda vez por orden del juez Juan del Olmo, acusado de haber alojado en su domicilio a algunos de los terroristas de la matanza de los trenes. A. L. pasó dos años en prisión preventiva, pero posteriormente la sentencia no consideró probado que hubiera colaborado de forma voluntaria con los terroristas.

La Policía se negó a cancelar sus antecedentes alegando que la Ley Orgánica de Protección de Datos sí que permite almacenar esas informaciones en casos, como éste, que afectan a la «seguridad nacional». La Policía arguyó que «la gravedad de los hechos que motivaron su detención tanto en el año 2004 como 2007 y el peligro que pudieran derivarse para la seguridad pública» hacían recomendable no cancelar los antecedentes. «La existencia de una sentencia absolutoria (que comprende una sola de las detenciones, y no las dos) no es motivo suficiente para proceder a la cancelación de los antecedentes por subsistir esos motivos de seguridad nacional», apostillaba Interior.

Después de que la Policía Nacional desatendiera su petición de borrar sus datos, A. L. recurrió ante Protección de Datos, que se limitó a pedir al Ministerio del Interior que argumentara más extensamente su denegación para cancelar sus antecedentes. La Policía se explayó más en sus explicaciones e insistió en que no iba a borrar su historial «teniendo en cuenta los hechos que motivaron su detención en abril de 2004 por su vinculación con el terrorismo integrista islámico y con los atentados del 11-M en Madrid y en marzo de 2007 por un presunto delito de colaboración con organización terrorista». Interior reiteró que eran «antecedentes relacionados con investigaciones que afectan a la defensa del Estado» y subrayó que los hechos con los que estuvo relacionados A. L., a pesar de su absolución, eran de «peligrosidad» para «la seguridad nacional».

Luego de las ulteriores explicaciones de la Policía, Protección de Datos se dio por satisfecha y dio luz verde a que el nombre y todas las informaciones de A. L. siguieran en los archivos antiterroristas.

«Ocasional»

El marroquí recurrió entonces al Contencioso de la Audiencia Nacional, quejándose de que «tanto la Dirección General de la Policía como Protección de Datos solo atendieron a la referencia de los atentados del 11 M pero no tomaron en consideración que fue absuelto por la Audiencia Nacional y que dicha absolución se declaró, no porque existieran dudas de su participación en el atentado, sino porque quedó probado que la única relación que tuvo con los autores y demás condenados, es que compartió piso con ellos, tratándose de una relación meramente ocasional y casual».

Y ahora la Audiencia Nacional, cuyo fallo puede ser recurrido ante el Supremo, da la razón a la Policía y a Protección de Datos. El tribunal tiene especialmente en cuenta que en la sentencia absolutoria efectivamente sí que se consideró probado que A. L. compartió casa con varios de los terroristas del 11M y que tuvo una relación estrecha con uno de los cabecillas de los atentados, Serhane Ben Abdelmajid, 'El Tunecino'. Por ello zanja que estos datos son suficientemente graves para no ser cancelados jamás de las bases policiales.

«Con independencia de que se haya llegado a un pronunciamiento absolutorio en aplicación del principio de presunción de inocencia que rige en el ámbito penal, desde la perspectiva de protección de datos y en este ámbito de tutela de derechos en que nos encontramos, resultan efectivamente justificados los motivos de seguridad pública invocados por la Dirección General de la Policía, que amparan en este caso específico la denegación de la cancelación de los antecedentes policiales solicitados», concluye el tribunal de la calle Génova.