Diario Sur

La Audiencia Nacional se queda con el caso de la agresión a dos guardias civiles en Alsasua

MADRID. La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela dictó ayer un auto en el que reclama al Juzgado de Instrucción 3 de Pamplona la causa que investiga la agresión a dos guardia civiles y sus parejas la noche del 15 de octubre en la localidad navarra de Alsasua. Como sostenía la Fiscalía, la juez entiende que los hechos podrían constituir un delito de terrorismo tasado en el artículo 573 del Código Penal y para el que sería competente la Audiencia Nacional.

Lamela adoptó la decisión de hacerse con el caso después de recibir los atestados de la Guardia Civil y la Policía Foral de Navarra que identifican a doce de los participantes en la paliza, todos miembros del Movimiento Ospa, responsable de la campaña de la izquierda abertzale 'Alde Hemendik' (Fuera de Aquí) contra las fuerzas de seguridad del Estado. Se trata de Jokin Unamuno Gokoetxea, Adur Ramírez de Alda y Edurne Martínez Arrese, a los que la magistrada define como «principales promotores de las movilizaciones anuales del 'Ospa Eguna'» para exigir la salida de Navarra y el País Vasco del instituto armado. Junto a ellos habrían participado en la «agresión» y en los «insultos» Aratz Urrizola, Julen Goikoetxea, Jon Ander Cob, Iñaki Abab, Oihan Arnanz, Aitor Calleiras, Ainara Urquijo, Aritz Urdangarin y Naiara Bengoetxea.

La juez insiste en que los doce «conocían la condición de guardias civiles del teniente y el sargento, siendo esta única y exclusivamente la causa por la que los agentes fueron insultados y golpeados». Para defender que se trata de un delito de terrorismo, enmarca la paliza en la estrategia del movimiento 'Alde Hemendik', al que pertenecerían los identificados. Lamela apunta que esta campaña o movimiento fue promovido en su día por Gestoras Pro-Amnistía, con el apoyo de Jarrai, Haika y Segi, los grupos juveniles afines a ETA.

El relato

El auto apuntaque Ospa y otros colectivos han protagonizado «actitudes provocadoras, manifestaciones, concentraciones, pintadas, pancartas, carteles, vídeos y redes sociales». Y, apunta la juez, esas plataformas «actualmente cuentan con el apoyo de Bildu, Sortu y Ernai».

Como ya hiciera el Ministerio Público, la juez entiende que los hechos pueden constituir un delito de terrorismo «al encontrarnos ante la comisión de un delito grave contra la integridad física (lesiones) cometido con la finalidad de alterar la paz pública o contribuir a tal fin, atemorizando a los integrantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y sus familias, especialmente a la Guardia Civil, a fin de que abandonen el País Vasco y Navarra, así como evitar que el resto de ciudadanos entablen relación con aquellos provocando de esta forma su aislamiento social».