Un juzgado abre diligencias contra Díaz y Fernández por «coacciones»

madrid. Un juzgado de Madrid se ha sumado a otro de Zaragoza en la apertura de diligencias contra los actuales máximos responsables del PSOE por las presuntas «coacciones» a los diputados del PSOE para que se abstuvieran en la votación de la investidura de Mariano Rajoy.

La denuncia fue presentado por un grupo de militantes, algunos vinculados a la corriente Izquierda Socialista, e iba dirigida contra el presidente y el portavoz de la gestora, Javier Fernández y Mario Jiménez, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y el portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando. Los denunciantes además consideran ilegales las resoluciones aprobadas en las reuniones del Comité Federal del 1 y 23 de octubre.

Un portavoz de los militantes, Luis Chamarro, entregó en la sede federal del PSOE en la calle Ferraz de Madrid una copia de la denuncia y un escrito en el que este grupo de afiliados pide la dimisión de la gestora que lleva las riendas del partido y la convocatoria de un congreso extraordinario.

En la dirección provisional del partido restaron trascendencia a la denuncia que, a su juicio, está condenada al archivo porque todos los acusados son, para empezar, aforados ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y, para seguir, la inconsistencia de las acusaciones hace muy difícil que algún juez o fiscal las tome en consideración para abrir un procedimiento.

Mientras en la sede de la calle Ferraz se entregaba la denuncia, los siete diputados socialistas que rompieron la disciplina de voto en la investidura de Rajoy hicieron llegar al presidente del comité de disciplina del grupo parlamentarias las cartas con sus alegaciones a la apertura del expediente sancionador. En el escrito del donostiarra Odón Elorza, similar al de sus compañeros, se justicia el voto en contra por «desde una concepción ética de la política».

El diputado del PSOE por Guipúzcoa señala en su carta que su voto fue «un ejercicio de responsabilidad y coherencia» en una etapa «plagada de incumplimientos de promesas electorales y casos de corrupción». Indica asimismo que tenía «un compromiso» con el electorado de su circunscripción y se hacía eco de la opinión de la militancia. Elorza también recurre a la Constitución para afirmar que «el artículo 67.2» niega el mandato imperativo para los diputados.

Lo más probable, según fuentes de la dirección del grupo, es que los siete díscolos deban pagar 600 euros, la multa máxima, ya que está descartada la expulsión, que sería el castigo más drástico.