Diario Sur

Los magistrados Espejel y López tampoco juzgarán la visita del Papa en 'Gürtel'

  • La Audiencia Nacional acepta sus recusaciones en la causa en la que está procesado Juan Cotino, expresidente de las Cortes Valencianas

madrid. Los magistrados de la Audiencia Nacional Concepción Espejel y Enrique López tampoco juzgarán la pieza del 'caso Gürtel' referida a la visita del Papa a Valencia, en julio de 2006. La Sala de lo Penal admitió ayer las recusaciones planteadas y les apartó de la vista oral. Los propios afectados aceptaron el incidente aunque no las razones de fondo planteadas por la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares: pérdida objetiva de imparcialidad por su cercanía con el PP, responsable civil subsidiario en varias piezas del caso.

En sendos acuerdos, los magistrados de la Audiencia Nacional que instruyeron los expedientes, Clara Bayarri y Juan Pablo González, admitieron a trámite las recusaciones declarando innecesario el tramite de la instrucción y aceptándolas directamente al haber presentado tanto Espejel como López informes en los que aceptan la estimación de las recusaciones. La razón es que el Pleno de la Sala de lo Penal ya decidió apartar por mayoría a Espejel y López de juzgar las piezas de AENA, Jerez o, previamente, la primera época de las actividades de 'Gürtel' (1999-2005), que se juzga ahora, o los llamados 'papeles de Bárcenas' y la supuesta 'caja B' del PP.

Por otra parte, en su reunión del pasado viernes, el Pleno de la Sala Penal, formado por 18 magistrados, aceptó la abstención de Espejel en la pieza cinco del 'caso Gürtel' en Valencia, referida a los negocios de Orange Market, mercantil del grupo Correa, con la Generalitat presidida entonces por Francisco Camps.

En la pieza de la visita de Benedicto XVI están procesados, entre otros, el expresidente de las Cortes Valencianas y exdirector general de la Policía, Juan Cotino, varios exdirigentes de la Radiotelevisión Valenciana y los cabecillas de las empresas de Francisco Correa. En esta causa se juzgan los contratos por la cobertura del evento, valorados en 7,4 millones, de los cuales tres se repartieron entre varios acusados, según la Fiscalía Anticorrupción.