Diario Sur

El tribunal imputa a Carme Forcadell por desobediencia y prevaricación

Carles Puigdemont, ayer, junto a la consejera de Presidencia, Neus Munté, y el secretario del Gobierno, Joan Vidal de Ciurana. :: Marta Pérez / efe
Carles Puigdemont, ayer, junto a la consejera de Presidencia, Neus Munté, y el secretario del Gobierno, Joan Vidal de Ciurana. :: Marta Pérez / efe
  • El Superior de Justicia de Cataluña admite a trámite la querella de la Fiscalía contra la presidenta de la Cámara

Justo un año después de tomar posesión de su cargo, Carme Forcadell se convirtió ayer en la primera presidenta de la Cámara catalana investigada en una causa judicial.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña admitió a trámite la querella presentada la semana pasada por la Fiscalía por los delitos de desobediencia y prevaricación, y situó a la presidenta del Parlamento autonómico en la nómina de dirigentes soberanistas que han sido imputados ya durante el proceso independentista, Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs, todos ellos por la consulta del 9-N de 2014.

El tribunal ordenó la apertura de diligencias para investigar si los hechos que se describen en la querella de la Fiscalía pudiesen ser constitutivos de un delito de desobediencia y de prevaricación. En concreto, el Ministerio Público acusa a la presidenta del Parlamento autonómico de haber permitido la votación de las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente, a pesar de la prohibición expresa del Tribunal Constitucional.

Para la Fiscalía, Forcadell actuó con «total desprecio a la Constitución de 1978», trató de «dinamitar el modelo territorial del Estado» y manifestó una voluntad «inequívoca e irreversible de llevar a cabo su proyecto político por la vía de los hechos consumados».

A su juicio, al permitir la votación del pasado julio, estaba dando impulso al proceso constituyente, incluido en la declaración de independencia del 9 de noviembre de 2015, que fue anulada por el Constitucional y por tanto estaba desobedeciendo a la corte de garantías, según se recoge en el escrito de la querella.

Forcadell, recuerda la Fiscalía, tenía una advertencia expresa del Constitucional que le instaba a impedir o paralizar cualquier iniciativa que supusiera ignorar o eludir su resolución sobre el 9-N.

Conservadora

La encargada de instruir la causa de la expresidenta de la ANC es la magistrada María Eugenia Alegret, expresidenta del Superior de Justicia catalán y que fue la primera mujer que presidió un tribunal superior en España. Alegret, adscrita al ala conservadora de la judicatura, fue la ponente del auto que en septiembre pasado avaló que el expresidente de la Generalitat y las exconsejeras Ortega y Rigau fueran a juicio por la consulta soberanista del 9-N.

Esta magistrada deberá decidir ahora cuándo cita a declarar a la presidenta de la Cámara autonómica. Antes tendrá que esperar a que se cumpla el plazo de tres días que tiene Forcadell para presentar un recurso de súplica contra el auto de admisión a trámite de la querella de la Fiscalía.

Fuentes cercanas a la presidenta del Parlamento catalán no precisaron si recurrirá la decisión, pero confirmaron que acudirá a declarar cuando el juzgado se lo requiera.

La resolución de ayer sostiene que la valoración de los hechos, en estos momentos, debe «limitarse a un juicio de verosimilitud sobre la calificación delictiva». Por lo tanto, por ahora no procede a «ofrecerse mayores explicaciones ni probanzas, en tanto la resolución de admisión es precisamente la que abre la investigación judicial».

Apoyo cerrado

En esta ocasión, la presidenta de la Cámara catalana evitó comparecer en público para valorar la admisión a trámite de la querella. Desde su entorno, señalaron que no quiso darle mayor importancia. Aun así, a través de Twitter, Forcadell afirmó que «defenderá donde sea que en el Parlamento se ha de poder hablar de todo lo que afecta a los ciudadanos». «Continuamos trabajando», expresó.

La presidenta del Parlament recibió el apoyo unánime de todo el mundo independentista, desde el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, pasando por el Gobierno catalán en bloque, el expresidente Artur Mas y las fuerzas políticas soberanistas. El PP y Ciudadanos, en cambio, reclamaron su dimisión.