El Rey pide a los partidos que no hagan un drama de la reforma constitucional

El Rey ya había aprovechado las anteriores rondas previas a la investidura para sondear a los líderes políticos sobre una reforma de la Constitución, pero ayer dio un paso más al pedir que se debe «desdramatizar» la renovación de la ley fundamental, una norma que apenas ha sufrido cambios desde su aprobación en 1978. El mayor freno a los cambios en la Carta Magna ha sido la resistencia de Mariano Rajoy a encarar la reforma, pero ahora incluso el presidente del Gobierno ha abierto una rendija en su negativa.

El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, hizo de portavoz de Felipe VI y explicó con pelos y señales su conversación con el jefe del Estado sobre el asunto. Algo que no hizo ninguno de los que le siguieron en la ronda y que se ciñeron a la habitual discreción con que se manejan las conversaciones en la Zarzuela. Baldoví, en cambio, fue prolijo en detalles. Explicó que el Rey le había dicho que se debía abordar «con sentido común», pero sin «miedo», los cambios en la Carta Magna.

El nacionalista valenciano apuntó que bajaron incluso al pormenor de la elección del presidente del Gobierno, que por la falta de mayorías parlamentarias ha ocasionado una interinidad gubernamental de más de 300 días. El artículo 99 de la Constitución limita mucho el papel del Rey en este escenario pues solo establece que tiene que hacer las consultas y, si no hay investidura de un candidato en el plazo de dos meses desde la primera votación, debe disolver las Cortes y convocar elecciones. Su margen de maniobra para desencallar la situación es, por tanto, casi nulo.

Baldoví reveló que comentaron que una fórmula viable para evitar otro bloqueo podría ser la adopción de la fórmula del País Vasco para la elección del lehendakari, que permite que el candidato con más apoyos en una segunda votación sea elegido jefe del Ejecutivo vasco. Ese modelo impide los votos en contra del candidato y los diputados tienen que votar a favor o abstenerse.

El líder de Podemos también reconoció que había comentado con el Rey la reforma constitucional, aunque se negó a transmitir cuáles habían sido sus opiniones. «El jefe del Estado -subrayó Pablo Iglesias- es inteligente y es consciente del carácter simbólico de sus funciones. No se mete en política». El secretario general del partido morado es, sin embargo, pesimista sobre los cambios constitucionales porque ve «muy difícil» que PP, PSOE y Ciudadanos acepten reformular el encaje de Cataluña en España. Un asunto que Felipe VI también abordó ayer con el representante de En Comú, Xavier Domènech, y la víspera lo hizo con el del Partit Demòcrata Català, Francesc Homs. Domènech indicó que el Rey le comentó que había que «abordar de alguna manera el debate sobre la reforma constitucional» porque la situación de Cataluña debe «mejorar y cambiar».

Ni el presidente de Ciudadanos ni el de la gestora del PSOE ni Mariano Rajoy quisieron hablar de lo que les había dicho el jefe del Estado sobre los cambios constitucionales, aunque los tres dejaron entrever que conversaron de ello. Albert Rivera recordó que su formación es partidaria de reunir la ponencia constitucional para buscar un mínimo común denominador desde el que empezar a trabajar.

Reticencias

Javier Fernández advirtió de entrada de que su charla con el Rey «se queda» entre ellos, pero admitió que hablaron sobre «la planta territorial del país». El PSOE defiende una reforma constitucional para dotar a España de un modelo federal, como se plasmó en la declaración de Granada aprobada por su partido.

Rajoy no dijo ni media palabra del contenido de su entrevista. El presidente del PP es el más refractario a abordar la reforma constitucional. Siempre ha condicionado ese debate a que haya «un consenso previo» sobre qué y para qué se quiere reformar. Pero con la pérdida de la mayoría absoluta del PP se ha vuelto más receptivo.

Desde la Moncloa apuntan a que no vetarían que una comisión de expertos elabore un libro blanco sobre la reforma constitucional. La mayor preocupación del PP es que los nacionalistas, no solo catalanes, intenten introducir en el articulado con la connivencia de Podemos y, hasta del PSOE, alguna forma de reconocimiento del derecho a decidir.

Los populares tienen la tranquilidad de que aunque ese tipo de cambios pueden aprobarse en el Congreso, donde cuentan 137 de 350 diputados, recibirían el veto del Senado, cámara en la que el PP tiene mayoría absoluta y cuyo visto bueno es imprescindible para aprobar una reforma constitucional.