Diario Sur

Junts pel Sí y la CUP dan el primer paso para crear una Hacienda catalana

madrid. El Parlamento catalán dio ayer un paso más hacia la creación de la futura Hacienda propia catalana, una de las estructuras de Estado que Carles Puigdemont quiere tener a punto antes de pulsar el botón de la independencia dentro de un año.

Sin llegar a atravesar aún el límite legal del Rubicón, que fijan el Estatuto de autonomía, la Constitución y las propias competencias transferidas a la Generalitat, Junts pel Sí y la CUP aprobaron el inicio de la tramitación parlamentaria de una parte de la segunda de las llamadas leyes de la desconexión, la de la agencia tributaria. Las tres leyes que Puigdemont quiere tener listas y aprobadas en julio de 2017, antes de convocar el referéndum en la segunda quincena de septiembre, tenga o no el visto bueno del Gobierno central, son la de la seguridad social, la ley de transitoriedad jurídica y la hacienda propia.

Sobre esta última, la Cámara catalana, con los votos a favor de Junts pel Sí y la CUP y los votos en contra del resto de formaciones, sentó las bases de la proposición de ley del código tributario de Cataluña. Este texto ordena la normativa del derecho tributario de Cataluña y establece la estructura y las funciones de la futura administración fiscal de la Generalitat, que forman la Agencia Tributaria de Cataluña, el órgano encargado de gestionar, liquidar, inspeccionar y recaudar tributos; la Dirección General de Tributos; la Junta de Tributos, que resuelve las reclamaciones y los recursos en materia tributaria; el Consejo Fiscal, que actuaría como organismo consultivo y de asesoramiento, y el Instituto de investigación fiscal y de estudios tributarios. «Estamos poniendo las bases de una estructura de Estado», afirmaron desde Junts pel Sí. «No tenemos miedo. Esta ley es la primera parte de la ley. Ya vendrán más», señalaron en la CUP. Los anticapitalistas se proponen recaudar todos los impuestos de los catalanes, pretenden que desde Cataluña se puedan fijar políticas de control de capitales, tienen como objetivo contar con una banca pública y aspiran a poder emitir moneda, según expresaron ayer.

Presión anticapitalista

Las otras leyes de desconexión están también en una fase embrionaria y de hecho la CUP lleva días presionando a Puigdemont, pues considera que va muy lento en este sentido. También en la hacienda propia, porque, por ejemplo, a día de hoy la Generalitat no ejerce ni siquiera todas las competencias que tiene transferidas por el Estado. De hecho, el Gobierno catalán mantiene externalizada a los registradores de la propiedad, que dependen del Ministerio de Justicia, una parte de la gestión que tiene asignada de los impuestos. Por ello, los grupos de la oposición ven que los pasos que da el Ejecutivo catalán en la construcción de la hacienda propia aún son meros gestos de «postureo».

Sin embargo, mientras avanzan hacia la desconexión, aunque aún transiten en terreno autonómico, Junts pel Sí y la CUP van limando asperezas en el otro gran enredo que tiene entre manos, como son los presupuestos. Puigdemont lleva semanas advirtiendo a los anticapitalistas de que si no aprueban sus cuentas, tendrá que adelantar las elecciones y no habrá referéndum. Los antisistema, por su parte, insisten en reclamar al consejero de Economía, Oriol Junqueras, que suba los impuestos a los más ricos.