Diario Sur

Rita Barberá, en su escaño en el Senado, en la última fila tras incorporarse al grupo mixto. :: J. P. Gandul / efe
Rita Barberá, en su escaño en el Senado, en la última fila tras incorporarse al grupo mixto. :: J. P. Gandul / efe

Barberá tendrá que responder como investigada por blanqueo de capitales

  • El magistrado del Supremo Conde-Pumpido la interrogará el 21 de noviembre e impone una fianza al PSOE de 3.000 euros para ser acusación

La senadora y exalcadesa de Valencia Rita Barberá entrará dentro de un mes exacto por la puerta del Tribunal Supremo para declarar como investigada por un delito de blanqueo de capitales. El magistrado de la Sala Segunda (de lo Penal) Cándido Conde-Pumpido, instructor de la causa, citó ayer a la aforada para interrogarla por los movimientos de dinero y la financiación del Grupo Municipal del Partido Popular cuando era regidora de la capital del Turia.

La decisión de Conde-Pumpido, ex fiscal general durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero, llega después de que la Sala Penal abriera por unanimidad una causa a Barberá el pasado 13 de septiembre. Para ello contó con el criterio favorable de la Fiscalía del Supremo, después de que el juzgado de instrucción de Valencia que investiga la llamada 'operación Taula' remitiera una exposición razonada al alto tribunal con los indicios recogidos contra la ahora senadora del Grupo Mixto (Barberá anunció el 14 de septiembre que se daba de baja como militante del PP pero que se mantenía como parlamentaria en la Cámara Alta).

Siguiendo la línea marcada por la sala, que vio indicios racionales de delito para encausar a la histórica dirigente del PP (fue alcaldesa de 1991 a 2015), Conde-Pumpido aceptó citarla a declarar en calidad de investigada (acompañada de su abogado José Antonio Choclán) para tomarle declaración voluntaria, tal y como pidió la afectada y recoge al artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esta norma permite al aforado ejercer su derecho de defensa y ser interrogado como investigado antes de que se pida el suplicatorio a la Cámara respectiva (autorización sin la cual los diputados o senadores no podrán ser inculpados ni procesados, según el artículo 71.2 de la Constitución). Ya ocurrió con los socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán en el 'caso de los ERE'.

La sala ya destacó que los hechos descritos por el titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, Víctor Gómez, bastan para investigar a Barberá. Consideró que la exalcaldesa «fue una más de las personas que reconocieron haber efectuado la aportación de 1.000 euros» por el que están imputados todos los concejales (excepto Eusebio Monzó, actual portavoz), exediles, asesores y exasesores del Ayuntamiento de Valencia, en total medio centenar, que también realizaron el pago al grupo municipal en vísperas de las elecciones municipales de 2015.

Además, apuntó que Barberá era la superiora jerárquica como alcaldesa y existía una relación personal de «estrecha confianza» entre la aforada y la principal investigada, la exsecretaria del grupo municipal María del Carmen García-Fuster, que gestionaba las cuentas bancarias.

Explicación «insuficiente»

Antes de elevar la causa al Supremo, el juez Víctor Gómez ofreció a Barberá la opción de declarar, pero sin someterse a un interrogatorio. Sin embargo, la también exdiputada autonómica entre 1983 y 2015 presentó un escrito de alegaciones en el que admitió la aportación del dinero para la campaña de 2015 en las que ella optaba a la alcaldía, aunque negó que se lo reintegraran en billetes de 500 euros como a otros acusados. Sus explicaciones, señaló entonces el instructor, fueron «insuficientes» para excluir su posible implicación en los hechos investigados y las sospechas de que se pretende oculta el afloramiento de un dinero en efectivo en poder de algún responsable o responsables del PP valenciano y su origen.

Asimismo, el magistrado del Supremo Conde-Pumpido impuso una fianza de 3.000 euros al PSOE para ejercer la acusación popular en la causa contra Barberá. En su auto, alertó además del «serio riesgo de judicialización de la política» que supone la práctica, que no existe en los países de nuestro entorno, de que un partido político pueda ejercer la acusación en una causa penal contra una persona relevante de un partido de signo contrario. Añadió que ese riesgo existe en la medida en que esa práctica «transforma el área de debate procesal en un terreno de confrontación política».

El auto recuerda que tanto el anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2011, como la propuesta de Código Procesal Penal de 2013, elaborados por gobiernos de signo diferente, prohibían expresamente el ejercicio de la acción popular por los partidos.