Diario Sur

La Fiscalía acusa a Carme Forcadell de prevaricación y desobedencia

  • Defiende que la presidenta del Parlament incurrió en estos delitos al permitir la votación para iniciar el proceso de desconexión con España

La Fiscalía General del Estado ordenó ayer al fiscal jefe de Cataluña que presente ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña una querella contra la presidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell, por los delitos de prevaricación y desobediencia.

La apertura de una causa penal contra Forcadell se produce como consecuencia de haber permitido el debate y votación de las conclusiones que aprobó la comisión de estudio del proceso constituyente, que estaban anuladas por el Constitucional, y que fijaban el camino hacia la desconexión de Cataluña con el resto de España. La polémica resolución, en concreto, comprometía a las fuerzas soberanistas a ejecutar la ruptura con la legalidad del Estado español a través de la aprobación de las leyes de desconexión y no descartaba la vía unilateral para alcanzar la independencia. Según el texto aprobado, las tres leyes de la desconexión «no serán susceptibles de control, suspensión o impugnación por parte de ningún otro poder, juzgado o tribunal». Para el Constitucional, las conclusiones «contravienen claramente los mandatos» del propio tribunal y tramitarlas supondría todo un desafío a la Carta Magna.

A pesar del aviso de la corte de garantías, la Cámara catalana tramitó el texto, que fue aprobado por mayoría absoluta con los votos de Junts pel Sí y la CUP. Días después, el Gobierno pidió al Constitucional que abriera la vía penal contra la expresidenta de la ANC, mediante la presentación de un incidente de ejecución. El tribunal anuló la votación, pero envió el caso Forcadell a la Fiscalía, antes de decidir si las medidas coercitivas que le otorga la modificación legal aprobada por el Gobierno en 2015 son constitucionales. A partir de esta reforma, por ejemplo, el alto tribunal puede inhabilitar a cargos públicos, aunque de momento el Constitucional ha evitado hacer uso de sus nuevas atribuciones. De ahí que derivara el caso Forcadell a la Fiscalía. Lo trasladó, eso sí, apuntando la posible existencia de responsabilidad penal. Afirmó que si el fiscal «lo estima pertinente, promueva el ejercicio de las acciones penales que considere procedentes».

Cuando su caso llegó al Ministerio Público, la presidenta de la Cámara catalana aseguró que hizo lo que tenía que hacer y que volvería a permitir una votación sobre el proceso constituyente o sobre la independencia, aun sabiendo que las resoluciones estaban suspendidas por el Constitucional. Forcadell advirtió al Gobierno central y al Tribunal Constitucional de que «no conseguirán frenarnos ni atemorizarnos». En esta ocasión, insistió en la misma idea y añadió que «nadie esperaba nada diferente, porque una vez más se constata que en España no hay separación de poderes: lo que decide el Gobierno español, es lo que acaban haciendo el Constitucional o la Fiscalía».

La presidenta del Parlamento autonómico avisó de que su obligación es «defender la soberanía del Parlamento y la libertad de expresión». El caso Forcadell puede ser uno de los puntos clave en el desenlace del proceso catalán. Porque en el supuesto de que fuera inhabilitada, la expresidenta de la ANC tendrá toda la presión del mundo independentista para que haga lo que ella exigía cuando estaba al frente de la manifestación: desobedecer a los tribunales españoles. Si es condenada y aun así insiste en volver a ocupar su puesto en la mesa del Parlamento, como ha insinuado en más de una ocasión que hará, la tensión del choque institucional se habrá elevado al máximo. Con el añadido de las movilizaciones que está empezando a calentar Artur Mas, que también corre el riesgo de ser inhabilitado por la consulta del 9-N.