Diario Sur

El Gobierno impugna el referéndum secesionista de septiembre de 2017

Puigdemont y Forcadell, este verano en el Parlamento catalán. :: efe
Puigdemont y Forcadell, este verano en el Parlamento catalán. :: efe
  • Solicita también a la Fiscalía que resuelva si tiene que actuar contra la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell

La propuesta de negociar un referéndum sobre la independencia, lanzada esta semana por Carles Puigdemont en su visita a Madrid, recibió ayer un nuevo y sonoro portazo por parte de Mariano Rajoy. Una semana después de que la Cámara catalana aprobara una resolución de Junts pel Sí y la CUP (con la abstención de Catalunya sí que es Pot), en la que las fuerzas secesionistas se comprometían a convocar una consulta, tengan o no el aval del Estado, el Gobierno central volvió a exhibir firmeza jurídica ante el desafío y anunció que reclamará al Tribunal Constitucional la anulación de algunos acuerdos validados por el Parlamento autonómico.

La Cámara catalana fijó la nueva hoja de ruta con la que el presidente de la Generalitat pretende alcanzar la independencia en un año. Su intención es celebrar un referéndum vinculante sobre la secesión de Cataluña, «como muy tarde», en septiembre de 2017. En caso de que la opción independentista obtenga más del 50% de los votos, la Cámara catalana proclamaría la República catalana. Y durante los seis meses siguientes a la consulta, se celebrarían elecciones constituyentes. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría expresó que a juicio del Ejecutivo central, la Cámara catalana aprobó el pasado 6 de octubre seis resoluciones que podrían ser ilegales, pues podrían incumplir una sentencia de la corte de garantías del pasado 2 de diciembre. Aquel fallo declaró inconstitucional la resolución por la que el Parlament declaró el «inicio del proceso político en Cataluña tras los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015».

Sáenz de Santamaría anunció además que reclamarán al Tribunal Constitucional que requiera personalmente a la presidenta de la Cámara autonómica, a los demás miembros de la mesa, a su secretario general, así como al presidente de la Generalitat y demás miembros del Gobierno autonómico, para que «se abstengan de realizar actuaciones tendentes a dar cumplimiento a las resoluciones impugnadas». Y también, que se deduzca «testimonio de particulares» para que el Ministerio Fiscal, si lo estima procedente, «ejerza las acciones que correspondan ante el tribunal competente acerca de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido».

Se complica así la situación de Carme Forcadell, pendiente de la querella criminal que ultima la Fiscalía por haber permitido la votación de un texto que fijaba el camino hacia la desconexión con España y que estaba anulado por el alto tribunal. El pleito catalán se encuentra en estos momentos empantanado en iniciativas aprobadas por la Cámara que a continuación son anuladas por el Constitucional a instancias del Gobierno central.

Sin brazos cruzados

Sáenz de Santamaría instó una vez más a Puigdemont que aparque la vía rupturista, y le recordó que «ningún» Gobierno español podrá negociar un referéndum. «Ni el señor Puigdemont ni el señor Rajoy ni los del Partido Socialista ni los de ERC pueden negociar nada que corresponda al conjunto de los españoles. No están legitimados. Decidir qué es España y cómo se organiza lo decidieron el conjunto de los españoles en la Constitución», reiteró la vicepresidenta.

La parte catalana, a pesar de las dificultades jurídicas, no piensa quedarse de brazos cruzados. Su baza está en la respuesta de la calle. El presidente de la Generalitat advirtió de que si Mas es condenado en el juicio por desobediencia con la consulta del 9-N de 2014 «habrá una respuesta, esto no quedará sólo en un comunicado». El jefe del Ejecutivo catalán no moderó el lenguaje cuando ayer coincidió con el ministro de Justicia y avisó a Rajoy de que «la judicialización de la política es el camino inverso a llegar a acuerdos, pero es un camino que no tiene efectos prácticos para detener la voluntad del pueblo de Cataluña; más bien al contrario». «A toda propuesta catalana de diálogo, de oferta y de negociación -prosiguió- le corresponde su impugnación española». La exconsejera de Educación, Irene Rigau, también procesada por el 9-N, apeló asimismo a la movilización popular.

El choque entre Cataluña y el resto de España subirá hoy varios grados, pues buena parte de los líderes catalanes acudirá al homenaje por el 76º aniversario de la ejecución del presidente Lluís Companys.