Diario Sur

La acusación popular pide cárcel para Mas por el 9-N

  • Solicita seis años de prisión por apreciar un delito de malversación de fondos públicos

barcelona. La acusación popular en el caso del 9-N, que ejercen el Sindicato Profesional de Policía y la Unión Federal de Policía, reclama seis años de prisión y 22 años de inhabilitación para el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, y para las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau por su participación durante el simulacro de consulta soberanista de 2014.

La opinión de la acusación popular no coincide con la de la Fiscalía, que en su escrito de acusación solicitó hace una semana penas de diez años de inhabilitación para Mas y nueve años para sus excolaboradoras, pero no pidió penas de cárcel. La Fiscalía les acusa de haber cometido los delitos de desobediencia grave y prevaricación entiende que además de esos dos delitos, los exmiembros del Ejecutivo catalán cometieron el delito de malversación de fondos.

En un principio, la Fiscalía también incluyó el delito de malversación (que implica penas de prisión), pero finalmente lo descartó. Según la acusación popular, Mas, Ortega y Rigau malversaron fondos públicos, en la medida en que realizaron gastos por valor de casi cinco millones que «facilitaron la indispensable infraestructura informática y logística» de la consulta del 9-N, un acto «ilegal que había sido prohibido por el Tribunal Constitucional días antes», según la acusación popular.

Después de que la Fiscalía y la acusación popular hayan presentado sus escritos de acusación, solo falta la opinión de la defensa, que previsiblemente reclamará el archivo de la causa. Es el último trámite antes de que el juez decrete la apertura de juicio oral y fije la fecha del juicio, que podría celebrarse en el segundo semestre de 2017. Está por ver si el juez sigue el criterio de la Fiscalía y procesa a los tres acusados por dos delitos o si añade también el de malversación.