Diario Sur

España sigue sin poner coto a la corrupción en la judicatura y la política

Rajoy, en el pleno sobre corrupción del 27 de noviembre de 2014, un día después de la dimisión de la ministra Ana Mato. :: Dani pozo / afp
Rajoy, en el pleno sobre corrupción del 27 de noviembre de 2014, un día después de la dimisión de la ministra Ana Mato. :: Dani pozo / afp
  • El Consejo de Europa alerta de que no se ha cumplido ninguna de sus recomendaciones para favorecer la transparencia

La conclusión es demoledora. «Ninguna de las once recomendaciones realizadas ha sido aplicada de forma satisfatoria por el Gobierno de España. El nivel de cumplimiento es globalmente insatisfactorio». Once de once. Y no es un tema casual, estamos hablando de luchar contra la corrupción en la judicatura y en la política. Así lo desvela el último informe del grupo anticorrupción del Consejo de Europa (Greco) al que ha tenido acceso este periódico y que hoy será publicado en Estrasburgo, sede de este organismo continental que, pese al nombre, no forma parte de las instituciones de la UE (entre sus 47 socios está, por ejemplo, está Rusia).

El informe, de 13 páginas y elaborado en inglés y francés, es la evaluación del primer diagnóstico publicado en enero de 2014 y del que se extrajeron las once recomendaciones que aún siguen sin cumplirse al pie de la letra. En seis no se ha hecho nada y en las otras cinco ha habido una «implantación parcial». El análisis se divide en tres grandes áreas: jueces, fiscales y políticos (diputados y senadores). Algunas son cuestiones muy técnicas referidas a modificaciones legislativas y otras, en cambio, tan sencillas como crear un registro de lobistas oficial para que la actividad del Congreso y el Senado esté mucho más tasada a ojos del ciudadano.

El informe original fue contundente al mostrar «su preocupación por la proliferación de escándalos de corrupción, que manchan la credibilidad de las instituciones políticas en España». Era otra época, como ahora puede verse en los macroprocesos judiciales que se están llevanco a cabo en la Audiencia Nacional. De hecho, en la revisión se destaca el vuelco político que ha dado el sistema de partidos y cómo ahondará en favor de la transparecencia, y se recuerda que se han puesto encima de la mesa nuevas propuestas que no han podido impulsarse por el vacío legislativo que existe en el país desde las primeras elecciones generales del pasado 20 de diciembre.

En lo referido a la actividad política, se pide mucha más transparencia y control estableciendo, entre otras cosas, códigos de conducta más exhaustivos y la creación del registro de lobistas. En la Comisión Europea, por ejemplo, la agenda de cada comisario es pública y no puede celebrarse una reunión con grupos de presión o empresas sin que se sepa ya que debe quedar constancia pública de ello.

Más independencia

En el capítulo relativo a la judicatura, se pide una modificación legislativa del Consejo General del Poder Judicial «en favor de la independencia»; una mayor claridad en los procesos de selección de los principales órganos judiciales estatales o autonómicos «con el fin de garantizar que no se ponga en cuestión la independencia, la imparcialidad y la transparencia de este proceso»; un código de conducta que sea más accesible para los ciudadanos y se recomienda extender el plazo de prescripción para los procedimientos disciplinarios.

En cuanto al Ministerio Público, el Consejo de Europa sugiere reconsiderar el método de selección y el plazo de vigencia del mandato del fiscal general, aumentar la transparencia en la comunicación que sus responsables mantienen con el Gobierno o estudiar nuevas formas de proporcionarle una mayor autonomía. Al igual que con los jueces, también se aboga por una mayor transparencia tanto en los códigos de conducta como en el régimen disciplinario.

Once de once. Cinco de forma parcial y seis ni se han intenado. «Ninguna se ha implementado de forma satisfactoria». En resumen, la conclusión es demoledora.