Diario Sur

Correa, el pasado martes, durante el juicio que se sigue en San Fernando de Henares. :: AFP
Correa, el pasado martes, durante el juicio que se sigue en San Fernando de Henares. :: AFP

La declaración de Correa marcará el devenir del juicio del 'caso Gürtel'

  • El tribunal resuelve hoy mismo las peticiones de nulidad planteadas por el PP y el grueso de los 37 acusados

madrid. El macrojuicio del 'caso Gürtel continúa hoy tras las dos sesiones de cuestiones previas de la semana pasada en las que defensas y acusaciones pusieron sus estrategias sobre la mesa. El tribunal de la Audiencia Nacional que juzga los hechos se pronunciará sobre la batería de reclamaciones que hicieron las partes. El grueso de los abogados de los 37 acusados pidieron la nulidad total del procedimiento al entender que se conculcaron derechos fundamentales desde su origen. El PP como responsable civil también se sumó a esta solicitud. Por su parte, tres imputados avanzaron conversaciones para llegar a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción a cambio de reconocer los hechos y admitir una condena menor que les evitaría la prisión.

Pero más trascendente por sus impredecibles consecuencias es la posición que ha adoptado en la vista oral el principal acusado, Francisco Correa, cerebro de la 'trama Gürtel', y su exesposa, Carmen Rodríguez. Sus abogados no se adhirieron a las peticiones de nulidad. Simplemente callaron en su intervención durante las cuestiones previas. Un movimiento que se interpretó como «un gesto de buena voluntad» con el tribunal en busca de atenuantes. Solo Correa se enfrenta a 109 años de prisión y más de 60 millones entre multas y responsabilidad civil.

Fuentes de su defensa afirmaron que la estrategia dependerá en gran medida de la pena que le imponga el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por el juicio sobre los contratos de la Generalitat en las ferias Fitur (2005-2009). Mucho ha cambiado la táctica procesal desde que se celebró esta vista oral en 2015, porque entonces el abogado de Correa pidió la nulidad del procedimiento por motivos similares a los que ahora aluden sus compañeros de banquillo: violación de derechos fundamentales por la asignación del primer instructor, Baltasar Garzón, e invalidez de las grabaciones del denunciante José Luis Peñas -exconcejal de Majadahonda (Madrid) y acusado en el juicio- al propio Correa que activaron la investigación.

Difícil acuerdo global

Las mismas fuentes señalaron que una cosa son los gestos en busca de atenuantes y otra bien diferente llegar a un acuerdo global con la Fiscalía, algo que no tienen visos de prosperar al menos en este macrojuicio de la primera época del 'caso Gürtel' (1999-2005). De ahí que el guiño que hizo la última semana de septiembre para entregar 2,2 millones de euros de una cuenta en Suiza para reparar el daño ocasionado a varias administraciones públicas vaya por el primer camino.

Ni que decir tiene que estos movimientos de Correa se pueden llegar a entender por el oscuro horizonte procesal que tiene por delante, ya que solo en esta vista oral la Fiscalía le pide 109 años de prisión y más de 60 millones entre multas y responsabilidad civil. Y por delante le quedan nada menos que una decena de juicios.

Con este escenario, la gran duda ahora es qué tipo de declaración va a hacer este empresario nacido en Casablanca (Marruecos) en 1955. Porque una cosa es reconocer a las fiscales los hechos delictivos de forma profusa y directa, aportando incluso nuevos indicios; y otra bien diferente colaborar de forma selectiva, más o menos como Bárcenas cuando decidió 'tirar de la manta' ante el juez Ruz.

Por todo lo anterior, el interrogatorio de Correa marcará el devenir ya no solo de las estrategias de los 37 acusados y del centenar de testigos previstos hasta la primavera de 2017, sino del mismo macrojuicio.

La expectación, por lo tanto, será cuándo declare el llamado «don Vito del PP», porque la Fiscalía parece dispuesta a cambiar el previsible orden según el volumen de petición de penas, que, cómo no, encabeza el principal acusado.

Esta circunstancia se conocerá este lunes y la decisión final del tribunal, también. La razón es que las acusadoras públicas quieren que antes comparezcan los tres acusados con los que habría llegado a un acuerdo. Se trata del constructor Alfonso García Pozuelo, expropietario de Constructora Hispánica; Jacobo Gordon, exsocio de Alejandro Agag, y el exedil de Pozuelo Roberto Fernández.

Las fiscales también se tendrán que manifestar por la petición de dos acusaciones populares para que testifique el presidente Mariano Rajoy, «no por lo que es, sino por lo que fue» en el PP durante los años que operó la trama 'Gürtel'.