Diario Sur

El Gobierno activa la maquinaria para frenar el referéndum de Puigdemont

Puigdemont, su gobierno y los diputados de Junts pel Sí aplauden tras la aprobación este jueves del referéndum. :: a. dalmau / efe
Puigdemont, su gobierno y los diputados de Junts pel Sí aplauden tras la aprobación este jueves del referéndum. :: a. dalmau / efe
  • La Generalitat replica que no aceptará amenazas del Estado y que tan sólo seguirá obedeciendo a la Cámara catalana

El Gobierno central activó ayer la maquinaria del Estado para tratar de frenar la nueva hoja de ruta aprobada por Junts pel Sí y la CUP y que sitúa como objetivo la celebración de un referéndum sobre la independencia, cuente o no con el visto bueno de Madrid. Veinticuatro horas después de que la Cámara catalana diera luz verde a la consulta vinculante y unilateral que plantea Carles Puigdemont para el mes de septiembre de 2017, como paso previo a la proclamación de la independencia, la vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció que al Ejecutivo central no le temblará la mano y que la Abogacía del Estado está estudiando las resoluciones independentistas del Parlamento autonómico, con el propósito de emitir un informe que determinará si el Gobierno las impugna o no.

Las posiciones de cada una de las partes en el pleito catalán están donde han estado siempre y de momento nadie da su brazo a torcer: mientras la Generalitat aprieta y trata de avanzar hacia la independencia, fijando un calendario claro e inminente, el Gobierno central replica con firmeza, por la vía judicial y del recurso al Tribunal Constitucional y apelando al respeto a la ley, a la Carta Magna y a la soberanía nacional. La número 2 del Gobierno central advirtió al presidente de la Generalitat de que puede seguir aprobando resoluciones «porque las pida la CUP», pero «no va a llegar a ningún objetivo».

A cal y canto

La intención de Puigdemont es negociar con el Gobierno central la celebración del referéndum, aunque Mariano Rajoy ya hace días que le ha cerrado la puerta a cal y canto. Sáenz de Santamaría volvió a recordárselo. Por muchas iniciativas que apruebe el Parlamento o la Generalitat, el Estado de derecho «se mantendrá firme» e impedirá cualquier acción contraria a la soberanía nacional, dijo la vicepresidenta. Y por tanto, si Puigdemont apuesta por la vía unilateral, como le pide la CUP para celebrar la votación, la vicepresidenta le avisó que podría correr la misma suerte que su antecesor, Artur Mas, que está a punto de ser procesado por un delito de desobediencia por su actuación en la consulta del 9-N de 2014. También están imputados sus excolaboradores Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau.

Si se repiten «los errores de Mas», el Estado de derecho «actuará», según el Gobierno, y la respuesta será la misma, es decir, el recurso al Constitucional para anular la propuesta y la querella criminal para quien lidere la iniciativa. Insistir «en la ilegalidad y en resoluciones que se parecen las unas a las otras» solo «abocará a los independentistas a la melancolía», según la vicepresidenta. «El Estado de derecho está ahí y no es para tomárselo a la ligera», advirtió.

La consejera catalana de Presidencia, Neus Munté, replicó de manera contundente: «No aceptamos amenazas, lo que aceptamos son los mandatos del Parlamento». Francesc Homs fue más allá y afirmó que los ministros de Franco también amenazaban.

Para el Ejecutivo catalán las votaciones que se llevaron a cabo el jueves pasado marcarán su obra de gobierno y el camino «para poder decidir democráticamente y colectivamente el futuro de nuestro país». «No nos da miedo ninguno de los artilugios, ni ninguna de las estrategias que desde el Gobierno del Estado, o por la vía de la Fiscalía o por la vía del Constitucional quieran poner límites a lo que es la soberanía del Parlamento de Cataluña», remató Munté.

El Ejecutivo catalán pasó de las palabras a los hechos y, en el día después de que la Cámara diera luz verde a su agenda rupturista, inició el despliegue de la Agencia Tributaria de Cataluña, una de las estructuras de Estado que se propone tener listas antes de la celebración del referéndum.

Y es que el tiempo apremia, como así se lo recordó este viernes la CUP a Carles Puigdemont, poniendo en marcha un reloj, que cuenta los días, horas y minutos que quedan hasta el final de septiembre, la fecha tope para la celebración del referéndum.