Diario Sur

El PP enmarca la petición de nulidad del juicio de 'Gürtel' en «estrategias de defensa»

  • Reitera el archivo del 'caso de los ordenadores' de Bárcenas, donde está procesado, porque el borrado no fue «grave»

madrid. El argumentario de los dirigentes del Partido Popular el día después de que su abogado en el juicio del 'caso Gürtel', Jesús Santos, pidiera la nulidad de todo el procedimiento ha sido escueto: se trata de «estrategias de defensa». Más allá de aclarar si apoyan o no la alineación del letrado con los principales acusados, las voces que ayer salieron al paso enmarcaron esta postura en asuntos procesales.

El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, pasó de puntillas y dijo que que no formaba parte del equipo jurídico y, por tanto, no tiene opinión sobre la «plena indefensión» que denunció el abogado del PP en su intervención en las cuestiones previas de la vista oral. El presidente de la Xunta y de los populares gallegos, Alberto Núñez Feijóo, afirmó que se trataba de «estrategias de parte» y añadió que «si fuese abogado del caso tendría opinión», pero como dirigente popular «lo que quiero saber es qué hay detrás».

Más profuso, el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Carlos Rojas, justificó la estrategia del letrado en que el partido «desconocía absolutamente lo que estaba supuestamente sucediendo» en las localidades madrileñas de Majadahonda y Pozuelo y recalcó que es «lógico que se actúe en defensa en ese sentido». «Puede parecer contradictorio que el PP haga esa petición, pero no lo es. Esto no perjudica a nadie, aquí no hay impunidad y los culpables tienen que pagar por lo que han hecho», afirmó Rojas en declaraciones a TVE. No obstante, lo que el diputado obvió es que si la nulidad que plantea la defensa del PP sale adelante ninguno de los 37 acusados será juzgado.

Daños menos «graves»

Otro de los casos que salpica al PP, el borrado de los ordenadores que usó el extesorero Luis Bárcenas, tuvo ayer novedades. El propio abogado Jesús Santos presentó un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid en busca del archivo definitivo de la causa, donde el partido como persona jurídica está procesado por presunto encubrimiento y daños informáticos.

El denso escrito de apelación, de 60 páginas, se pregunta por qué debió prever que los dispositivos guardaban información esencial de la llamada 'caja B' del PP cuando a esas alturas de la investigación el juez Ruz nunca mostró interés por registrar la casa de su exempleado. «El PP estaba en su derecho de poner fin a la cesión de uso de los ordenadores y recuperarlos a su voluntad, igual que estaba en su derecho de denegar al señor Bárcenas el acceso a la Sala Andalucía», subraya.

Del mismo modo, alega que al borrarse los equipos no se causaron daños «graves» y no se obtuvo ningún beneficio de esa actuación, ya que el propio Bárcenes mencionó en sede judicial que era información más bien personal. Es decir, que los archivos supuestamente formateados hacen «indefendible» que los daños causados sean graves, como por otra parte se evidencia en que el propio Bárcenas haya decidido apartarse del caso y no ejercer la acusación particular para beneficio del PP.