Diario Sur

El Gobierno desoirá la reclamación del Congreso de derogar las reválidas

Una prueba de selectividad.
Una prueba de selectividad. / EFE
  • La mayoría de la Cámara Baja pide que se paralicen y que se suprima la Lomce, mientras que el PP tilda la proposición de «partidista»

El Gobierno no tiene intención alguna de atender la demanda que ayer le realizó el Congreso, con el respaldo de toda la oposición, para que derogue el real decreto que aprobó el pasado 29 de julio y renuncie a poner en marcha este curso reválidas para los alumnos del último curso de la Secundaria (cuarto) y del Bachillerato (segundo).

La posición del Ejecutivo llegó al hemiciclo por boca de la portavoz popular Sandra Moneo, que dejó claro que el curso ya ha comenzado con unos currículos concretos, que incluyen estas pruebas externas de conocimientos sin cuya aprobación será imposible lograr la titulación aunque se haya aprobado el curso, y que «ya no se puede volver atrás» sin provocar «un caos». Moneo interpretó que la proposición se mueve entre intereses «partidistas» y las «limitadas» atribuciones de un Gobierno en funciones. De cara al futuro, el PP, sabedor de que ahora está en minoría, sí ofreció un pacto de Estado para reformar la Lomce, cuya sustitución urgente reclama toda la oposición y la mayor parte de la comunidad educativa.

La petición de paralización del calendario de aplicación de la Lomce y la derogación del decreto de reválidas la exigieron PSOE, Podemos, Ciudadanos, ERC, PNV y Grupo Mixto, a partir de una proposición de la antigua Convergència.

En este sentido, el pleno del Congreso reclamó ayer, por mayoría, la paralización «inmediata» del calendario de implantación de la reforma educativa y la derogación tanto del Real Decreto que regula las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato como de la misma Lomce.

Consta así en una proposición no de ley aprobada a instancias del Partit Demòcrata Català (PDC, grupo mixto) tras acordar un texto transaccional con PSOE y Podemos, que habían presentando sendas enmiendas. El PP votó en contra, y Ciudadanos, que había presentado una enmienda a favor de un pacto educativo, se abstuvo.

El resultado de la votación fue de 175 síes (incluidos los de PNV y ERC), 133 noes y 34 abstenciones. En concreto, la Cámara Baja instaba al Gobierno en funciones a adoptar las medidas necesarias para «paralizar de forma inmediata» el calendario de implantación de la Lomce y «derogar» la normativa de desarrollo que no haya tendido aún vigencia o aplicación efectiva, en concreto el decreto citado, del 29 de julio pasado. La proposición lo justifica por razones de «urgencia e interés general», de acuerdo con la ley, a pesar de que el Ejecutivo se encuentra en funciones.

Adicionalmente, se le pide que impulse «urgentemente» las iniciativas necesarias para «derogar» la Lomce y a adoptar las medidas que «reviertan» los efectos negativos de la aplicación de la Lomce, de acuerdo con las comunidades autónomas y sus competencias.

En nombre del PDC, Miriam Nogueras defendió el modelo de educación de Cataluña, con la integración de «todas las culturas y lenguas», con consenso y colaboración, frente a la Lomce, que contó «solo con la firma del PP». Así, pidió a los miembros del PP que vayan a las escuelas y hablen con la comunidad educativa y, entonces, «podrán hacer leyes» de enseñanza.

Un «desastre»

«Un responsable Tribunal Constitucional debería revocar cualquier ley educativa que imponga ideología, clasismo o racismo y que no esté escrita en el consenso y para perdurar. Lamentablemente, el Tribunal Constitucional dedica su tiempo a amenazar a políticos como Francesc Homs o el president (Artur) Mas por hacer política», añadió la diputada.

Aseguró que la Lomce es un «desastre» para el «maquillaje» de la calidad educativa y que «nunca» una ley había condicionado el título académico a un examen, priorizando contenidos sobre competencia.