Diario Sur

Artur Mas: «Es un honor ser procesado por poner las urnas del 9-N»

Joana Ortega, Artur Mas e Irene Rigau (de izquierda a derecha). :: efe
Joana Ortega, Artur Mas e Irene Rigau (de izquierda a derecha). :: efe
  • La Fiscalía pide diez años de inhabilitación para el expresidente de la Generalitat y nueve para sus excolaboradoras Joana Ortega e Irene Rigau

El expresidente de la Generalitat, Artur Mas, se enfrenta a una condena de diez años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por haber desobedecido supuestamente al Constitucional, cuando decidió continuar con la celebración del simulacro de consulta sobre la independencia del 9-N de 2014.

Una semana después de que el sucesor de Mas, Carles Puigdemont, se comprometiera a convocar lo que a día de hoy podría ser un 9-N bis, para septiembre de 2017, la Fiscalía presentó ayer el escrito de acusaciones del caso del 9-N, por el que pide además casi nueve años de inhabilitación para dos de las excolaboradoras de Mas: Joana Ortega, exvicepresidenta, e Irene Rigau, exconsejera de Educación. El Ministerio público acusa a los tres de los delitos de desobediencia grave y de prevaricación. A Mas como autor del 9-N y a las exconsejeras como cooperadoras necesarias. Se les imputa haber desatendido el mandato de alto tribunal de forma intencionada y, en consecuencia, de incumplir la obligación de dejar sin efecto la convocatoria del 9-N, que en un primer momento se planteó como una consulta y finalmente se presentó como un proceso participativo, en el que votaron 2,3 millones de catalanes, el 37% del censo.

Mas afirmó ayer que solo se trataba de conocer la opinión de la gente y que la consulta carecía de valor jurídico, por lo que no cometió ningún delito. «La consulta no era para declarar la independencia», se justificó. Según la Fiscalía, el Gobierno autonómico «articuló una estrategia de desafío completo y efectivo a la suspensión» del Constitucional. El Alto Tribunal dictó la anulación de la votación el 4 de noviembre, cinco días antes de su celebración, y se lo comunicó por correo electrónico al presidente de la Generalitat. Aun sí, el expresidente de la Generalitat, actuando «con plena consciencia y voluntad», se negó a suspender oficialmente la convocatoria, «incumpliendo la obligación» que tenía, según sostiene la Fiscalía.

«Plenamente conscientes»

A partir de ahí, el relato del Ministerio público mantiene que Mas «se concertó» con las otras dos acusadas para que las actuaciones públicas de preparación de la votación que ya estaban en marcha continuaran hasta que todo estuviera listo, eso sí, «con la conveniente discreción». El dirigente nacionalista siempre ha reconocido que fue el responsable político de la organización de la consulta, pero ante el juez declaró que la organización material de la votación corrió a cargo de un ejército de 40.000 voluntarios. Los fiscales Francisco Bañeres y Emilio Sánchez Ulled no dan credibilidad a esta versión y, a su juicio, los querellados «decidieron generar la apariencia de que las actuaciones se paralizaban y el proceso quedaba exclusivamente en manos de voluntarios, cuando en realidad no era así». Eran «plenamente conscientes» de que con su actuación «quebrantaban el obligado acatamiento de las decisiones» del Constitucional, según la Fiscalía. En un primer momento, la Fiscalía también acusó a Mas, Ortega y Rigau de malversación de fondos, pero está imputación no está en el escrito final y es la única que comportaba penas de prisión.

De los tres acusados, el único que ostenta un cargo público es Irene Rigau, que es diputada autonómica. Mas fue descabalgado de la presidencia de la Generalitat por la CUP hace nueve meses. La presentación del escrito de acusación por parte de la Fiscalía es el penúltimo trámite previo a que se abra juicio oral y los tres acusados pasen a ser procesados, dos años después de que la Fiscalía presentara una querella por desobediencia. Falta que presenten su calificación las acusaciones populares y las defensas, que reclamarán el archivo de la causa.

Mas, en cuaquier caso, dio este lunes por hecho su procesamiento y aseguró que será un «honor» ser juzgado por poner las urnas. El expresidente de la Generalitat calificó el juicio de «farsa» y de «aviso para navegantes», pues Carles Puigdemont pretende convocar un referéndum tenga o no el visto bueno del Gobierno central. «El 9-N fue una fiesta democrática, que algunos quieren convertir en un aquelarre judicial», añadió. El dirigente nacionalista cargó directamente contra el Gobierno central, que calificó de «franquista» y al que acusó de saltarse la división de poderes y de presionar a la Fiscalía para criminalizar a los que defienden la democracia. Si es condenado, anunció que agotará todos los recursos e instancias posibles. Las fuerzas soberanistas salieron en defensa de Mas, Ortega y Rigau (y de Homs, cuyo caso instruye el Supremo). «No estáis solos, todos somos el 9-N», dijeron.