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CRISTIAN REINO
Viernes, 23 de septiembre 2016, 01:18
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barcelona. El diputado y portavoz del PDC en el Congreso, Francesc Homs, será condenado a una pena de inhabilitación y no a una de prisión por su participación en la organización del sucedáneo de consulta del 9-N de 2014. Esta es la opinión de la Fiscalía, según apuntaron ayer fuentes de este organismo, que creen que hay más pruebas de peso para demostrar que Homs cometió un delito que los otros tres imputados en la causa del 9-N, el expresidente Artur Mas, la exvicepresident Joana Ortega y la exconsejera Irene Rigau.
En concreto, el fiscal aprecia más elementos para inculpar al exconsejero de la Presidencia y mano derecha de Artur Mas, cuya causa instruye el Supremo, por su condición de aforado, porque firmó una carta en la que de manera expresa pidió a la empresa informática encargada de la votación del 9-N de 2014 que continuara con los servicios contratados, a pesar de la resolución del Tribunal Constitucional, que impedía la celebración del llamado proceso participativo. De ser así, debería abandonar el escaño en el Congreso.
Homs compareció el lunes ante el Supremo, donde defendió la legalidad de la consulta del 9-N, en la que participaron dos millones de personas. En su declaración ante el juez, puso como ejemplo de que la consulta se ajustó a la ley la opinión inicial de la Fiscalía de Cataluña, que no apreció indicios de delito, y también reveló una presunta oferta de pacto por parte del Gobierno central para que la votación pudiera celebrarse, siempre y cuando Mas no compareciera (como luego hizo en un céntrico hotel) en una rueda de prensa para anunciar los resultados.
Después de su comparecencia en el Tribunal Supremo, donde fue arropado por una amplia representación de dirigentes secesionistas que le acompañaron hasta la entrada del edificio, el dirigente nacionalista dijo que la sentencia condenatoria estaba cantada porque se trata de un juicio político para combatir el proceso independentista y en el que los argumentos legales estaban de sobra.
Tras conocer las informaciones de la Fiscalía, que prevén su inhabilitación, el diputado soberanista insistió en la misma teoría, volvió a cargar contra el sistema judicial y cuestionó su independencia. «Pasa como en tiempos de Franco: se conoce la sentencia antes del juicio», afirmó.
El exconsejero de la Presidencia reiteró que «no acatará políticamente» la sentencia que se dicte y advirtió de que la justicia y el PP hacen un favor al independentismo catalán, que a su entender sale reforzado y aumenta su base social con el proceso judicial del 9-N porque lo interpreta como un ataque a todo el soberanismo.
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