Diario Sur

La Audiencia de Barcelona propone juzgar el 'caso Palau' a partir de enero

  • El exresponsable Félix Millet se sentará en el banquillo por el expolio de la entidad y por la financiación irregular de Convergència

El juicio del 'caso Palau de la Música' se celebrará casi ocho años después de que los Mossos irrumpieran en la entidad cultural, santo y seña del catalanismo, y causaran una enorme conmoción en la sociedad catalana. La Audiencia Provincial de Barcelona citó ayer a todas las partes implicadas para el 3 de octubre, con vistas a configurar la agenda del pleito. La propuesta del tribunal es que el juicio más esperado de los últimos tiempos en Cataluña se desarrolle entre enero y abril.

La fecha no es baladí, pues al margen de todo el tiempo que ha transcurrido desde que en julio de 2009 estalló el caso, también marcará el calendario de otro de los grandes casos pendientes en la justicia de Barcelona, como es el proceso judicial por el 9-N contra Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau, que aún está en fase de instrucción, aunque el juicio parece cantado. Algunos de los principales abogados de Barcelona están contratados en las dos causas, por lo que tendrían que cuadrar agendas, como es el caso del letrado Xavier Melero, abogado de Artur Mas en el 9-N y de CDC en el juicio del Palau. Ocurre lo mismo con el fiscal, Emilio Sánchez Ulled, encargado de los dos litigios.

El también conocido como 'caso Millet' tiene 16 acusados. Destaca Félix Millet, expresidente de la entidad cultural y persona muy relevante de la burguesía catalana, pues es hijo de uno de los fundadores de Ómnium Cultural y Banca Catalana, y fue vicepresidente de la fundación del Barça, cruz de Sant Jordi o Señor de Barcelona. La Fiscalía pide 27 años de prisión para Millet y Jordi Montull, su mano derecha. Confesaron haber perpetrado un desfalco de unos 3,3 millones, pero se sospecha que el expolio supera los 30 millones. Millet y Montull ya fueron condenados a un año de cárcel por el caso del hotel del Palau, una pieza separada de la macrocausa, aunque el Supremo les absolvió recientemente.

En el banquillo se sentará además el extesorero de Convergència, Daniel Osácar, para quien la Fiscalía pide siete años y medio de prisión. CDC está acusada de ser responsable civil a título lucrativo del expolio. El juicio deberá resolver, por tanto, si la formación nacionalista se financió de manera ilegal entre 1999 y 2009. Se sospecha que ingresó 6,6 millones a través del Palau, procedentes de la empresa Ferrovial, a cambio de la adjudicación de obra pública en el metro de Barcelona y en la Ciudad de la Justicia de L'Hospitalet. El famoso 3%, que en este caso ascendería al 4%. Se cree que Millet y Montull hicieron de intermediarios. Como garantía de pago en caso de condena, Convergència tiene 15 sedes embargadas.