Diario Sur

La fiscal general aseguró en su toma de posesión que «evitaría» pactos con corruptos

Consuelo Madrigal compareció el 8 de enero de 2015 en el Congreso de los Diputados antes de ser nombrada fiscal general del Estado tras la dimisión de Eduardo Torres-Dulce. La Comisión de Justicia de la Cámara baja examinó su idoneidad tras ser designada para el cargo por el Gobierno. En una larga comparecencia, Madrigal abordó en profundidad las directrices de su departamento para actuar contra la corrupción, «un colosal atentado a la democracia y a sus valores», dijo, y puso encima de la mesa una línea roja que causó cierta sorpresa a algunos diputados allí presentes.

«Vamos a intentar evitar las conformidades entre acusaciones y defensas que son difícilmente asumibles por la sociedad y vamos a incrementar el control por parte del ministerio fiscal en la ejecución de estas sentencias cuando son condenatorias y, sobre todo, articular los medios, los mecanismos y los instrumentos legales pero también de políticas, de prácticas y actuaciones, para obtener la recuperación del dinero», aseguró Madrigal.

Un año y medio después de afirmar que «evitaría» los pactos extrajudiciales con procesados por corrupción, la confirmación de que el expresidente balear Jaume Matas y la Fiscalía Anticorrupción de la isla -con el fiscal Pedro Horrach a la cabeza- están negociando un acuerdo para que devuelva el dinero a cambio de no ingresar en prisión pusieron en entredicho aquel mensaje de la fiscal general en el Congreso. Pero como se ha visto luego una cosa son las palabra y otra los hechos.

La repercusión de la noticia del posible pacto con Matas tuvo una respuesta desde la propia Fiscalía General. En un comunicado poco habitual, Madrigal comunicó el pasado miércoles que «la existencia de conformidades es una práctica habitual en los procesos penales». En todo caso, recordó, «para las causas seguidas en la Fiscalía Anticorrupción existe un protocolo conforme al cual el Fiscal Jefe debe aprobarlas, con autorización de la Fiscalía General en los casos de especial trascendencia». Es decir, que ella tendrá la última palabra sobre Matas, aunque desde el Congreso aún resuene su mencionada línea roja con los corruptos.