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El TSJC avala enviar a juicio a Artur Mas por el 9-N

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Artur Mas, durante los actos de la Diada. / Quique García (Efe) I Atlas

  • El expresidente catalán está acusado de los delitos de prevaricación y desobediencia a causa de su papel en la consulta soberanista

  • El Gobierno catalán se solidariza con los imputados por el 9-N y expresa que el anhelo de la ciudadanía está por encima de todo

La sala Civil y Penal del TSJC ha desestimado el recurso presentado por las defensas de los acusados contra la resolución del magistrado instructor donde se daba por finalizada la investigación. Los magistrados del TSJC entienden que existen indicios de la comisión de los delitos de desobediencia y de prevaricación por parte de Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega, cuyo caso instruye el TSJC y no el Supremo como le ocurre a Homs por su condición de aforado por ser diputado en el Congreso.

El TSJC replica a Mas que la causa del 9-N no es política. “El procedimiento penal fue incoado por un presunto delito de desobediencia a una comunicación del Tribunal Constitucional dirigida al presidente de la Generalitat de Catalunya, así como por eventuales delitos relacionados con el indiciario desacatamiento de lo acordado por el Tribunal Constitucional”, señala el auto dado a conocer esta mañana. Tras el auto, Mas está cada vez más cerca de ir a juicio.

El presidente de la Generalitat y el vicepresidente, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, respectivamente, han arropado esta mañana de manera solemne al diputado convergente, Francesc Homs, que el lunes declarará ante el Tribunal Supremo como imputado por un delito de desobediencia en el relación al caso 9-N.

Puigdemont ha expresado en un discurso institucional “toda la solidaridad” de su ejecutivo con Homs y todos los imputados por el 9-N y ha afirmado que el Estado de derecho se construye con el ejercicio de la democracia y siendo “leales” a los deseos de la gente y no “judicializando” la política. “El anhelo de la ciudadanía está por encima de cualquier consideración”, ha señalado. El jefe del Ejecutivo catalán ha asegurado que si se encontrará en una situación similar, “haría lo mismo”, que el anterior Gobierno, cuatro de cuyos miembros (Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs) están imputados por desobediencia al Tribunal Constitucional, que suspendió el proceso participativo del 9-N.

Puigdemont cree que el ejecutivo que le precedió “no vulneró ningún derecho ni ninguna ley” y que lo que hizo fue cumplir un mandato “sagrado” en democracia, como es el “mandato de los ciudadanos”. Junqueras ha reafirmado el “compromiso” del Gobierno catalán con la democracia y el derecho a decidir y ha apuntado que este compromiso esta avalado por las urnas y no tiene fecha de caducidad.

Homs, que durante el 9-N era el consejero de la Presidencia y que bajo su responsabilidad estaba la organización de aspectos clave de la jornada de votación, ha recibido el apoyo del Gobierno catalán, en el primero de los actos organizados por el independentismo para denunciar a lo que a su entender es un juicio político, que busca criminalizar al independentismo solo por poner las urnas en el simulacro de consulta celebrada el 9-N de 2014. Homs será arropado el sábado en el Parlamento catalán por la ANCy Ómnium y el domingo, en Arenys de Munt, junto a Mas serán homenajeados donde se celebró la primera consulta popular, en septiembre de 2009.