Diario Sur

Puigdemont mantiene que culminará la secesión en junio o julio de 2017

Tres jóvenes muestran un cartel a favor de la independencia durante la Diada. ::  PAU BARRENA / afp
Tres jóvenes muestran un cartel a favor de la independencia durante la Diada. :: PAU BARRENA / afp
  • El Gobierno central cierra la puerta al referéndum que propone el presidente catalán y avisa de que aplicará todo el peso de la ley

Un cierto triunfalismo, al menos de puertas afuera, se ha instalado entre los dirigentes soberanistas, que ayer se atrevían a afirmar sin matices que dentro de un año Cataluña será independiente. El presidente de la Generalitat se unió a esa corriente de euforia y aseguró que la Diada del año que viene, la de 2017, será la de la «celebración» por la proclamación de la república de Cataluña.

Es justo lo que querían oír los cientos de miles de personas que se manifestaron el domingo en la Diada y que expresaron que están impacientes por que el proceso entre en su fase resolutoria. «En julio del año que viene ya habremos hecho el trabajo», garantizó el presidente de la Generalitat, que mantiene la línea marcada por su antecesor de tomar algunas decisiones relevantes en caliente tras ver el resultado de las manifestaciones del 11-S, que fueron multitudinarias y que Artur Mas interpretó que representaban a la gran mayoría de los catalanes. Así, convocó elecciones tras la primera gran Diada de 2012, con un pésimo resultado para CiU que perdió 12 diputados, y se plegó a las exigencias de la ANC cuando tras la Diada de 2014 dio luz verde a la consulta del 9-N.

Ahora, Puigdemont, un año después de las elecciones del 27-S, en las que el independentismo obtuvo mayoría absoluta de escaños, pero no de votos, se propone resolver en los próximos nueve meses la operación política más compleja de la historia de Cataluña. Entre junio o julio de 2017, el independentismo espera haber culminado el proceso, primero con la aprobación de las llamadas leyes de la desconexión (hacienda, seguridad social y transitoriedad jurídica), y posteriormente «con un referéndum pactado con el Estado, si es factible», dijo Puigdemont. Para no cerrarse puertas, no descartó unas «elecciones constituyentes» que se convocarían «no más allá de septiembre».

El referéndum pactado es un brindis al sol, y así se lo hicieron saber ayer mismo desde el Gobierno central. Puigdemont tiene previsto hacer una petición formal, si supera la moción de confianza del 28 de septiembre, pero el Ejecutivo ya le anticipó la respuesta negativa. Mariano Rajoy evitó contestar a Puigdemont, y la vicepresidenta y el ministro de Justicia se encargaron de vetar la consulta independentista. «La clave está en la soberanía nacional, que reside en todos los españoles y no en una parte», afirmó Rafael Catalá. «Nunca va a ser posible, con la Constitución actual, que una parte decida lo que quiere ser. Lo decidimos todos. Puigdemont no tiene capacidad para hacer lo que él considere; todos estamos sometidos a las reglas del juego», remató.

Urnas a las bravas

El Gobierno en funciones fue claro y cegó la puerta del referéndum acordado. Sin el plan A, el B se llama referéndum unilateral de independencia (sin la autorización de Madrid) y el C, elecciones constituyentes. En principio, Puigdemont descarta el RUI, a diferencia de Esquerra, la CUP y la ANC. El presidente de la Generalitat expresó que solo pondrá las urnas a las bravas (en una especie de versión actualizada del 9-N) si consigue que la votación sea vinculante y tenga todas las garantías aceptadas por la comunidad internacional «en términos de participación y validación de resultados».

Una consulta unilateral difícilmente cumpliría los estándares de la UE, por lo que la baza que le quedaría al jefe del Ejecutivo catalán es volver a vestir unas elecciones autonómicas bajo la forma de plebiscitarias, en este caso con el calificativo de constituyentes, pues deberían dar paso, en caso de victoria independentista, a la proclamación de la república. En cualquier caso, si optara por el RUI, el ministro advirtió de que sobre Puigdemont «caerá todo el peso de la ley».

Soraya Sáenz de Santamaría, por su parte, calificó los planes del gobernante de «ilegales, oportunistas y rupturistas». A su juicio, tensan y hace sufrir a la sociedad catalana porque la CUP le está obligando.