Diario Sur

Puigdemont espera que las elecciones de junio de 2017 hagan innecesaria la consulta

Puigdemont revisa un documento durante la reunión de ayer del Gobierno catalán. :: A. García / efe
Puigdemont revisa un documento durante la reunión de ayer del Gobierno catalán. :: A. García / efe
  • La Generalitat expresa su «total» compromiso en «culminar» el proceso en puertas de la cuestión de confianza de su presidente

barcelona. El día después de que la CUP anunciara el apoyo a Carles Puigdemont en la cuestión de confianza a la que se someterá el próximo 28 de septiembre, el Gobierno catalán reafirmó ayer su «total» compromiso en «culminar el proceso» soberanista en la presente legislatura, que está previsto que acabe el próximo verano en unas elecciones bautizadas como constituyentes.

Para el presidente de la Generalitat, culminar la tarea que tiene encomendada para estos 18 meses quiere decir, según expresó cuando asumió el cargo en enero, dejar a Cataluña a las puertas de la independencia. «La legislatura de la postautonomía a la preindependencia», definió. Este objetivo se cumpliría si en los nueves meses que quedan se aprueban las tres leyes de la desconexión (hacienda propia, seguridad social y transitoriedad jurídica) y si se convoca un «mecanismo unilateral de ejercicio democrático» para que los catalanes refrenden el Estado catalán, según recogía el documento con las conclusiones a las que llegaron Junts pel Sí y la CUP en la comisión del proceso constituyente, que el Tribunal Constitucional anuló.

La clave por tanto estará en qué traducción le dan a este mecanismo y también en el alcance que tenga la ley de la transitoriedad jurídica. Dirigentes del independentismo como la republicana Marta Rovira han señalado en los últimos meses que esta norma hará las veces de declaración unilateral de independencia, ya que debe regular de manera provisional los elementos estructurales del nuevo Estado y debe sustituir la legalidad española por la catalana. Según Oriol Junqueras, es la ley que tiene que «garantizar» que el proceso pueda culminar de manera democrática.

Sin embargo, nueves meses se antojan un periodo muy escaso para aprobar una ley de la trascendencia que plantean los independentistas porque al ya de por sí lento proceso de tramitación legislativa, habrá que añadir un sinfín de frenos en forma de recursos, impugnaciones, anulaciones e inconstitucionalidades. Si al final de los 18 meses, la ley española sigue vigente en Cataluña, Puigdemont ya no tendrá luz verde legal para convocar el referéndun unilateral de independencia.

Debate

El debate en este aspecto está siendo muy vivo entre los soberanistas. Esquerra, una parte del Partir Demòcrata Català, la CUP y la ANC están por ir a las bravas contra el Estado con la convocatoria del referéndum. Quieren que sea vinculante, aunque aún no han dicho cómo conseguirían que lo fuera con la oposición frontal del Gobierno español a autorizarlo.

En la antigua Convergència no hay consenso sobre está fórmula y dirigentes de la relevancia de Artur Mas, Santi Vila o Francesc Homs la han rechazado públicamente, pues han considerado que sería una versión parecida al 9-N, en la que los contrarios a la independencia no acudirían a votar y a nivel internacional no tendría validez. Puigdemont, que hasta la fecha no ha querido mojarse de puertas afuera,tendrá que mostrar sus cartas el 28 de septiembre, en el debate sobre la moción de confianza.

Si descarta el referéndum unilateral, el as que tiene siempre en la manga es el del adelanto electoral, obligado si la CUP no aprueba los presupuestos. Si se ciñe a la hoja de ruta pactada con los anticapitalistas, en junio deberá convocar elecciones «constituyentes». Pero si los secesionistas no son capaces de avanzar en las leyes de la desconexión en los próximos nueves meses, esos comicios serán autonómicos, como lo fueron los del 27-S de 2015, aunque llevaran el calificativo de plebiscitarios.