Diario Sur

La fiscal general advierte a la Generalitat con la vía penal

La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, se mostró ayer especialmente contundente con los partidos soberanistas durante su intervención en el acto de apertura del año judicial, celebrado en el Tribunal Supremo en presencia del Rey Felipe VI. Madrigal advirtió a los «sectores independentistas» que manifiestan un «total desprecio» al ordenamiento constitucional que su departamento actuará «ante todos los órganos jurisdiccionales, si fuera el caso», es decir, si se siguen incumpliendo las sentencias el Tribunal Constitucional que anulan resoluciones del Parlamento de Cataluña contrarias a la letra de la Carta Magna.

En clara alusión a la cuestión catalana, la fiscal general afirmó que «determinados usos de la libertad pueden suponer un peligro para la democracia» y que lo que libra a los ciudadanos es «la ley». Madrigal aseguró que, «en un escenario político y social incierto como en el que vivimos, y ante el desafío al Estado de Derecho que con total desprecio al ordenamiento constitucional se plantea desde sectores independentistas, conviene mantener la integridad de la conciencia moral», tal y como hizo la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 2 de diciembre.

Esa sentencia declaró inconstitucional la resolución independentista aprobada por el Parlamento de Cataluña y que ha sido posteriormente incumplida, lo que motivó otras dos resoluciones del tribunal de garantías declarando nulos diferentes actos parlamentarios. Para la fiscal general, lo que hizo la corte es afirmar que «en una concepción democrática del poder no hay más legitimidad que la fundada en la Constitución» y anunció que la Fiscalía «ha actuado y actuará» en esta línea «ante todos los órganos jurisdiccionales» penales.

El Gobierno catalán arremetió contra Madrigal por estas palabras y su presidente, Carles Puigdemont, aseguró ayer que se trataba de advertencias «políticas»: «Habla quien no tiene que hablar y quien tiene que hablar, calla», comentó en alusión al Gobierno, con el que no hay diálogo sobre el proceso soberanista.