La Fiscalía aprecia indicios penales contra Forcadell por desobedecer al Constitucional

madrid. El papel de la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, en la aprobación de la resolución independentista del pasado 27 de julio, suspendida días después por el Tribunal Constitucional, tiene bastantes probabilidad de acabar en los tribunales. La Fiscalía considera que las reiteradas desobediencias de Forcadell a las resoluciones de la corte de garantías revisten indicios de responsabilidad penal, por lo que solicita a los magistrados del Constitucional que informen de su actuación a los órganos competentes para investigarla, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Para la Fiscalía, la presidenta de la cámara autonómica tuvo una actuación determinante en la aprobación de las conclusiones de la Comisión de Estudios sobre la Independencia durante la celebración del pleno, que apuestan por un «mecanismo unilateral» para lograr la independencia. Una decisión que sorprendió a los diputados de la oposición porque no estaba previsto en el programa de sesiones. En su escrito de alegaciones, el Ministerio Público pidió también una respuesta «más intensa» que sirva para proteger la autoridad del Constitucional y evitar así la desobediencia.

Versiones contrarias

Para la Fiscalía es necesario que los magistrados aperciban personalmente a los miembros de la Mesa de la Cámara autonómica y del Gobierno catalán para que no lleven a cabo ninguna iniciativa independentista, bajo la advertencia de que pueden enfrentarse a multas (de 3.000 a 30.000 euros), a la suspensión de funciones o a la deducción de testimonio por responsabilidad penal. El Constitucional acordó el pasado 1 de agosto suspender la resolución que daba comienzo a la llamada «desconexión» y requirió a Forcadell, a los demás miembros de la Mesa del Parlamento y al secretario general de la Cámara para que, en el plazo de 20 días hábiles, informaran sobre el cumplimiento de las resoluciones ya adoptadas en diciembre y el pasado 19 de julio. El primero en responder fue el diputado de Ciudadanos y vicepresidente segundo de la Cámara, José María Espejo-Saavedra, para quien hubo «fraude de ley» y su responsable fue Forcadell.

La consejera de Presidencia, Neus Munté, afirmó ayer que «sería muy grave que se instase una vía penal para excluir de sus funciones a una persona elegida por los ciudadanos y los diputados» e insistió en que la Generalitat estará al lado de la Mesa y de su presidenta.

En febrero pasado, el Tribunal Superior de Cataluña archivó las querellas a Forcadell y a parte de la Mesa de la cámara al entender que en la declaración de «desconexión» del 9 de noviembre de 2015 no hubo rebelión ni sedición. «El Estado de Derecho tiene mecanismos para frenar, sin necesidad de acudir a la vía penal, los planteamientos políticos que no se ajusten a los procedimientos y cauces legales y constitucionales», sentenciaron los magistrados.