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R. C.
Domingo, 31 de julio 2016, 01:14
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El hecho de que mañana el Tribunal Constitucional vaya a decidir sobre su futuro político no parece quitarle el sueño. Al menos, no le va a amargar las vacaciones. Según recoge el Boletín Oficial del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell delegará sus funciones en el vicepresidente primero de la Cámara catalana, Lluís Corominas, del 3 al 12 de agosto, días en los que permanecerá, presumiblemente, en Etiopía.
Para cuando regrese del extranjero, la presidenta del Parlament podría enfrentarse un crudo panorama judicial. El Gobierno la ha puesto en el punto de mira por la votación del miércoles en la que la mayoría independentista del Parlament aprobó los planos para la ruptura unilateral de Cataluña con España. De hecho, la Abogacía del Estado ha solicitado al Tribunal Constitucional que remita a la Fiscalía por un delito de desobediencia la actuación de Forcadell, lo que supone abrir la vía penal ante «el desafío institucional» que entiende el ejecutivo que se está produciendo en la Cámara catalana.
La presidenta del Parlament es uno de los rostros más conocidos del independentismo catalán. Antes de ser elegida diputada por la lista de Junts pel Sí -la alianza entre Convergència y Esquerra- ejerció como presidenta de la Asamblea Nacional Catalana, una de las organizaciones que más han trabajado por la secesión. Aunque en el pasado dijo que no tenía ambiciones políticas, acabó por aceptar integrarse en las listas del Junts pel Sí, primero, y después asumir la Presidencia del Parlament, cargo que prometió al grito de «viva la república catalana».
El Ejecutivo del PP quiere ahora que asuma la responsabilidad por haber permitido la votación del pasado miércoles. Estas podrían ir desde una multa de entre 3.000 y 30.000 euros a la suspensión de ejercicio de cargo público. Incluso, si así lo estima el Constitucional, podría abrirse una causa penal contra ella.
Defensa
Los partidos independentistas volvieron a salir ayer en defensa de Forcadell y criticaron la persecución que, según ellos, se ha puesto en marcha desde Madrid contra ella. «A Carme Forcadell no la pueden inhabilitar de ninguna de las maneras. Forcadell sólo cumplió estrictamente el reglamento del Parlament, dando respuesta a la voluntad de 72 diputados que representan dos millones de catalanes», declaró ayer el portavoz de Junts pel Sí, Jordi Turull. El diputado nacionalista ha reconocido que «era bastante previsible» la respuesta del Gobierno, pero insistió en que «no tiene ningún tipo de fundamento».
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