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El expresidente de la Generalitat Artur Mas, junto con Joana Ortega (en el centro) e Irene Rigau. :: efe
Mas, a un paso del banquillo por desobedecer en la consulta del 9-N

Mas, a un paso del banquillo por desobedecer en la consulta del 9-N

El juez da por concluida la investigación y rechaza su petición de archivo de la causa

CRISTIAN REINO

Miércoles, 29 de junio 2016, 00:57

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barcelona. El juez que instruye la causa de la consulta soberanista del 9-N concluyó ayer la investigación y decidió mantener las acusaciones contra el expresidente catalán Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsejera Irene Rigau. Joan Manel Abril Campoy, magistrado de la sala penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, desestimó la petición de sobreseimiento de la causa y ha colocado al expresidente de la Generalitat y sus dos excolaboradoras a un paso de sentarse en el banquillo.

El instructor estimó que no ha lugar a decretar el archivo de la causa, como habían solicitado los abogados de los tres imputados, que en breve podrían pasar a la condición de procesados, a la espera de que se fije fecha para el juicio. Antes, el juez dará traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a la acusación popular para que, en el plazo de diez días, soliciten la apertura del juicio oral.

Según el auto judicial, existen suficientes indicios para mantener que Mas, Ortega y Rigau cometieron los delitos de desobediencia y prevaricación administrativa, cuando decidieron seguir adelante con la celebración del sucedáneo de consulta soberanista del 9-N de 2014, que la Generalitat denominó proceso participativo, a pesar de que estaba suspendida por el Tribunal Constitucional.

La querella de la Fiscalía consideró que los miembros del Gobierno catalán «desatendieron el mandato del Tribunal Constitucional e incumplieron la obligación de dejar sin efecto el acto de convocatoria» de la consulta del 9-N y se negaron a «cursar las órdenes correspondientes para detener» los preparativos. En esta misma causa también se investiga al diputado convergente Francesc Homs, aunque por su condición de aforado, su caso lo instruye el Tribunal Supremo.

Los abogados de Mas, Ortega y Rigau siempre han defendido que el magistrado debería archivar la causa, con el argumento -el mismo que defendió Mas cuando declaró ante el juez- que cuando el 4 de noviembre de 2014 el Constitucional suspendió el proceso participativo (el que sustituyó a la también anulada consulta original), todo quedó en manos de un ejército de 42.000 voluntarios que se encargó de gestionar las votaciones.

El centro de prensa

El auto del juez, sin embargo, asegura que las actuaciones llevadas a cabo por Mas y sus consejeros para la celebración de la consulta podrían ser constitutivas de delito. El magistrado argumenta que el dirigente nacionalista «consintió y no paralizó» los diferentes procedimientos de contratación que sirvieron para la organización de la votación, «algunos tan evidentes como la preparación de un centro de prensa», en el que la Generalitat dio los resultados de la votación.

«La organización, la preparación y el desarrollo de la consulta no se llevó a cabo solo a través de voluntarios, sino que jugaron un papel relevante contratistas privados, que prestaron servicios abonados con recursos financieros públicos, con plena conciencia de la desobediencia a la suspensión», asegura el juez. Y concluye que el Ejecutivo debió dejar sin efecto los «convenios y los contratos» para la organización del 9-N pues «conocía desde el mismo día 4 de noviembre la providencia del Tribunal Constitucional».

La querella contra Mas se presentó dos semanas después de la celebración de la votación y estuvo rodeada de polémica y entre fuertes divisiones en el mundo jurídico, después de que la Fiscalía Superior de Cataluña se negara a llevar adelante la acción judicial, al entender que no existían indicios de delito.

La Generalitat siempre se ha apoyado en esta división para afirmar que la causa del 9-N es un juicio político que solo busca criminalizar al soberanismo.

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