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Arriba, Gustavo de Arístegui. Sobre estas líneas, su hijo Borja. :: efe
El exembajador De Arístegui calla ante el juez por la supuesta trama de comisiones

El exembajador De Arístegui calla ante el juez por la supuesta trama de comisiones

El exdiputado del PP y su hijo se acogen a su derecho a no declarar dos días después de que el denunciante no lo hiciera

MATEO BALÍN

Sábado, 7 de mayo 2016, 00:34

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El político y diplomático Gustavo de Arístegui, exembajador de España en la India, exdiputado nacional y antiguo portavoz de Exteriores del Partido Popular, se acogió ayer a su derecho a no declarar ante el juez en la causa que investiga una supuesta trama de comisiones ilegales en la adjudicación de obras a empresas españolas en el extranjero. Pese a los abundantes indicios que pesan en el procedimiento y los graves delitos imputados, entre ellos blanqueo de capitales, cohecho, corrupción en las transacciones internacionales y organización criminal, De Arístegui dio la callada por respuesta en el juzgado de la Audiencia Nacional que dirige las pesquisas.

Su estrategia de defensa, por lo tanto, quizá estuvo vinculada al movimiento procesal realizado el pasado miércoles por el denunciante de los hechos, el empresario José Fayá, también investigado, que por causas que se desconocen tampoco declaró ante el juez instructor José de la Mata.

Fayá era empleado del despacho Voltar Lassen, que dirigía otro de los investigados, el exdiputado del PP Pedro Gómez de la Serna. Éste mantiene que el origen de las pesquisas se debe «a una venganza personal que comenzó con una estrategia de amenazas, hostigamientos y coacciones, y que ha terminado por utilizar documentos falsos para dar trascendencia mediática al caso». Es decir, apunta de forma velada a su antiguo trabajador que ahora guarda silencio.

En este contexto se podría entender la decisión de Gustavo de Arístegui de no declarar, ya que su causa va de la mano de la de Gómez de la Serna, quien está citado la próxima semana en la Audiencia Nacional y que, de forma probable, también se acogerá a su derecho a no responder a las preguntas del juez ni del fiscal anticorrupción. La misma línea de defensa que también siguió ayer Borja de Arístegui, hijo del exembajador y querellado en el procedimiento junto a otras 16 personas por su papel en la supuesta trama de comisiones.

En síntesis, los dos exdiputados del PP tenían un despacho y una sociedad desde la que se gestionó la concesión de contratos de obras en Argelia a dos empresas españolas. La investigación apunta a que por esa gestión se realizaron pagos dinerarios a autoridades y funcionarios argelinos y a sus familiares. Las adjudicaciones fueron la desaladora de aguas de Souk Tleta, por 250 millones de euros, y el tranvía de Ouargla, por 230 millones.

Los pagos, según los investigadores, eran de ida y vuelta. Si la supuesta trama pagó supuestamente a los funcionarios argelinos para las adjudicaciones, las empresas españolas beneficiadas -Desarrollos Energéticos SA y Elecnor SA- pagaron presuntamente después a los dos exparlamentarios. Gómez De la Serna y De Arístegui habrían cobrado el dinero o bien directamente o bien a través de dos empresas suyas: Scardovi SL y Karistia SL, según las pesquisas judiciales.

12.000 euros por 30 páginas

Antes de que acuda al juzgado, Gómez de la Serna compareció ayer en la comisión de investigación de corrupción de la Asamblea de Madrid. El exdiputado por Segovia hasta el pasado martes reconoció que cobró 12.000 euros extras por un informe de 30 páginas cuando trabajó como asesor para la Fundación Arpegio, investigada en la trama Púnica, un encargo que cree que fue «barato» y cuyo importe se sumó a los más de 3.000 euros que percibía al mes.

El interviniente explicó que su primer trabajo con la Fundación Arpegio fue en 2007, cuando elaboró un informe sobre la modificación de estatutos de la misma, para que ésta pasara de ser privada a pública.

Desde ese momento, percibió por sus trabajos en la Fundación 3.030 euros al mes durante cuatro años, aunque ha reconocido que en 2008 tuvo un ingreso extra de 12.000 euros por un informe de 30 páginas sobre el impacto de la Ley de contratos del sector público. «Está en precio, es barato. Estuve dos meses haciendo este informe, dos meses», recalcó ante los diputados.

Gómez de la Serna subrayó que comparecía en la Asamblea de Madrid como asesor jurídico de Fundación Arpegio y no como político, aunque se refirió también a la supuesta trama de comisiones en el extranjero que se sigue en la Audiencia Nacional. «Surge de una extorsión, está montado con documentos y testimonios falsificados», dijo.

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