Zarrías asegura que «no tenía poder de decisión» sobre los ERE

El exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías ha declarado esta mañana durante más de tres horas en el Tribunal Supremo como imputado en el caso de los ERE fraudulentos, en el que se investiga prevaricación y malversación de caudales públicos.

El diputado socialista, y por lo tanto aforado ante el Supremo, ha afirmado a la salida del alto tribunal que la Comisión General de Viceconsejeros que él presidía, los denominados 'consejillos', no tenía poder de decisión sobre las partidas destinadas a las ayudas sociolaborales, ya que competían a la Consejería de Empleo.

Zarrías ha defendido que siempre y en todo momento elevó al Consejo de Gobierno asuntos plenamente afectados por la legalidad y que jamás destinó procedimientos que no tuvieran los requisitos que la ley marca y que están perfectamente ajustado a derecho.

Un informe del Grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señaló que Zarrías presidió hasta 12 sesiones de 'consejillos' en las que se trataron acuerdos relacionados con las ayudas y modificaciones presupuestarias del programa 31L, conocido como fondo de reptiles por la juez de Sevilla Mercedes Alaya.

A tenor del estudio de las sesiones, los agentes concluyen que Zarrías, como consejero de Presidencia, habría presidido un total de ocho sesiones en las que se habrían expuesto acuerdos relacionados con las ayudas y modificaciones presupuestarias del programa 31L, a lo que se suma que habría presidido otras cuatro sesiones en las que se habría dado lectura y aprobación de acuerdos adoptados en reuniones anteriores de la Comisión en las que éste no asistió.